Nueva lista de EEUU vincula a tres órganos del Estado con presuntos hechos de narcotráfico y corrupción
En la lista figuran funcionarios y exfuncionarios vinculados a “actividades de corrupción o narcotráfico”. Desde la administración de Rodrigo Paz advirtieron que no habrá protección
La nueva lista de ciudadanos bolivianos con visas restringidas por Estados Unidos alcanza a autoridades y exautoridades del Órgano Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, específicamente distintas instituciones vinculadas a la seguridad y la investigación de delitos.
La nómina incluye a 15 personas señaladas por la administración de Donald Trump y en su comunicado se advierte que las restricciones alcanzan a “ciudadanos extranjeros que, mediante actividades de corrupción o narcotráfico, socavan gobiernos democráticamente elegidos en nuestro hemisferio”.
Entre los nombres figuran los diputados Rafael López (Alianza Libre) y Rolando Pacheco (Alianza Popular); el ahora expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, quien renunció al cargo tras difundirse la lista; y el juez Julio Nelson Alba.
También aparecen exfiscales como Julio Porras, exdirectores de entidades estatales, entre ellos el extitular de la Unidad de Investigaciones Financieras (IUF), Diego Barboza, así como exjefes policiales y un civil investigado por presuntos vínculos con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
El descargo del Gobierno
Un tema que no pasa desapercibido en la publicación es que figuran cinco nombres ligados al Ejecutivo. Al respecto, el vocero presidencial José Luis Gálvez apuntó que la administración de Rodrigo Paz no protegerá a ninguna de las personas mencionadas y que existen casos en los que las pesquisas comenzaron meses antes de que se difundiera la nueva nómina.
“El Gobierno no va a dar ninguna protección ni blindaje para nadie”, declaró Gálvez, agregando que quienes fueron mencionados en la lista y ocuparon cargos durante la actual gestión ya fueron cesados, algunos semanas atrás y otros hace pocos días. Asimismo, advirtió que las autoridades y exautoridades deberán responder ante la justicia si existen elementos que justifiquen procesos judiciales.
El vocero remarcó que la inclusión en la lista estadounidense no constituye una condena y que los procedimientos deben desarrollarse conforme a la legislación boliviana.
PRIMERAS CONSECUENCIAS
Uno de los primeros efectos institucionales se produjo en el Órgano Judicial: el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, “recomendó” a Quezada y a Alba que presenten su renuncia y se sometan a las investigaciones sin privilegios.
Horas después, Quezada presentó su renuncia irrevocable a la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y a su cargo de vocal de la Sala Constitucional Segunda.
En el Legislativo también hubo reacciones: el vicepresidente Edmand Lara pidió al Ministerio Público investigar a los dos diputados incluidos en la lista y solicitó que ambos sean remitidos a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados.
Mientras tanto, Rafael López, diputado de Libre, señaló que esperará información oficial antes de pronunciarse sobre los motivos de la restricción. Y el diputado Rolando Pacheco . atribuyó la decisión a intereses políticos y aseguró que está dispuesto a someterse a cualquier investigación.
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La inclusión de Diego Barboza, exdirector de la UIF, también generó preocupación por parte del senador Branko Marinkovic, quien observó que su reciente salida del cargo y el acceso de esa institución a información financiera sensible hacen que el caso sea especialmente delicado.
“La administración pública y la justicia no pueden ser refugio del narcotráfico, de la corrupción o el crimen organizado”, sostuvo el vocero al advertir que, si se reúnen pruebas suficientes, acusada ante la justicia, sin que su cargo, influencia o uniforme le otorguen protección.
