Pese a que orden de traslado de Camacho a Santa Cruz “es inapelable”, el Gobierno y legisladores del MAS se oponen
Desde el punto de vista jurídico, el constitucionalista José Luis Santistevan señaló que el Estado debe garantizar la estabilidad interna y subrayó que el Órgano Ejecutivo no puede estar por encima de la Justicia
Una vez que el Gobierno y el MAS pusieron en duda el traslado del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho a Santa Cruz para que esté de manera presencial en una audiencia el próximo 11 de marzo, el abogado constitucionalista José Luis Santistevan advirtió que el Órgano Ejecutivo no puede estar por encima de la Constitución y las leyes, remarcando que las determinaciones judiciales son de cumplimiento obligatorio.
Santistevan subrayó que el encargado de la ejecución de los fallos y mandatos judiciales es el Órgano Ejecutivo, porque es el que administra la fuerza pública y la seguridad interna del país, entonces al desconocer esto lo que hace es ponerse por encima del Órgano Judicial.
“Al no acatar un fallo judicial eso es ponerse por encima de los demás poderes”, advirtió el constitucionalista, recordando que en el país rige una “democracia directa con la independencia de órganos y el cumplimiento de la Constitución”, por lo que ir en contra de esa premisa es un “peligro terrible” para el Estado Constitucional de Derecho.
El traslado del gobernador Camacho a Santa Cruz no ha tenido una motivación jurídica legal, sino política, afirmó este viernes la abogada y asambleísta departamental Paola Aguirre (Creemos), considerando que pese a haber una resolución que es inapelable para que la autoridad llegue a la capital cruceña, autoridades de Gobierno y legisladores del masismo buscan los mecanismos para frenar esta determinación.
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El Tribunal de Sentencia N°8 del Tribunal Departamental de Justicia notificó a las autoridades del penal de Chonchocoro para que Camacho sea trasladado a Santa Cruz y puesto en custodia de la dirección del penal de Palmasola para la audiencia de juicio oral por el caso del Decreto 373 fijada para el 11 de marzo.
Desde la bancada departamental del MAS, el asambleísta Clemente Ramos interpuso un recurso para evitar el traslado alegando que Camacho podría fugarse durante el traslado o que incluso podría enfermar de Covid-19, alegando un ascenso en los contagios.
Este viernes el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, sostuvo que el traslado de Camacho podría generar violencia e incluso dijo que había un supuesto voto resolutivo de los reos de Palmasola en sentido de que no quería ver perturbada “su tranquilidad” con el traslado, aunque no presentó el documento.
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Según Santistevan, que un ministro se quiera poner por encima y no acate los fallos judiciales, quiere decir que está desconociendo el sistema de gobierno, las atribuciones de otro órgano estatal y su independencia.
“Bolivia en este momento está administrado sólo por el poder político, al margen de la Constitución y las leyes y de los otros órganos. Es decir, lo que ha hecho el Poder Ejecutivo es tan grave que ha cortado todos los demás órganos y, obviamente, los está utilizando con beneficio inventario, sólo cuando le conviene”, sentenció el constitucionalista.
Desde el punto de vista procedimental, Santistevan remarcó que corresponde que el Gobierno traslade a Camacho a Santa Cruz, y si tiene problemas con la seguridad del gobernador o la estabilidad política debe utilizar todo lo que está a su alcance con el uso de la fuerza pública para garantizar el orden interno.
