TSE solicitará al Legislativo un proyecto de ley para que “se disponga la prosecución del proceso electoral judicial”
La determinación surge luego que la Sala Cuarta Especializada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitiera una sentencia en la que declaró desierta las convocatorias a las elecciones del Tribunal Supremo de Justicia de Beni y Pando
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, señaló que se enviará al Tribunal Constitucional una solicitud de “explicación, complementación y enmienda” sobre su sentencia y que planteará al Legislativo un proyecto de ley para que “se disponga la prosecución del proceso electoral judicial en su integridad, en resguardo del principio de preclusión y de la unicidad del proceso”.
La decisión surge luego que la Sala Cuarta Especializada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitiera la sentencia 0770/2024 en la que declaró desierta las convocatorias a las elecciones del Tribunal Supremo de Justicia de Beni y Pando. Además, dispuso similar medida para las elecciones del TCP en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.
Para salvar las judiciales, el órgano electoral invitó además a una reunión este lunes 11 de noviembre a los representantes de los otros tres poderes estatales, del TCP, la Fiscalía General del Estado y a delegados de organizaciones políticas para analizar la situación generada por el fallo.
Hassenteufel aclaró que la reunión y el proyecto de ley “son nada más que un complemento a la decisión firme del TSE de continuar con el proceso electoral judicial” y consideró que “es el momento de que el pueblo boliviano ponga un freno a los excesos del Tribunal Constitucional”.
Además consideró que una sentencia es vinculante y obligatoria cuando la emite una corte legítima, “que no es el caso en este momento” porque el fallo fue dictado por “dos magistrados” de un tribunal “cuestionado por haberse autoprorrogado”.
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Recordó además que la Sala Plena del organismo “reprogramó” para el 15 de diciembre las elecciones y sostuvo que “eso se mantiene”.
La Constitución boliviana vigente desde 2009 establece la elección por voto popular de los magistrados de los principales tribunales del país, previamente seleccionados por el Legislativo, para un mandato de seis años.
En las elecciones judiciales de 2011 y 2017 la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del MAS.
El mandato de los elegidos en 2017 culminó a principios de 2024, pero como las elecciones en 2023 no prosperaron, en diciembre pasado los magistrados del TCP extendieron su propio mandato y el de los jueces de las otras cortes, alegando que así evitaban un “vacío de poder” hasta que se realicen nuevos comicios.
