“Tumbar las elecciones judiciales es decisión del Gobierno y del Órgano Judicial”, denuncian desde Comunidad Ciudadana
“Lo que hoy están cometiendo la Sala Constitucional de Pando es el delito de prevaricato. Rechazamos enfáticamente la decisión que están tomando en este momento”, dijo la senadora Andrea Barrientos
Una vez que la Sala Constitucional de Pando determinó anular el proceso de elecciones judiciales, desde Comunidad Ciudadana denuncian que este escenario es parte de las decisiones asumidas desde el Gobierno central y el Órgano Judicial, cuestionando la sentencia judiciales que se dio por medio de una acción popular.
“Queremos dejar claramente establecido que tumbar el proceso es parte de la decisión del Gobierno y del Órgano Judicial. La vocal Celsa Salazar ha sido candidata a diputada el año 2014 por el MAS-IPSP, pero además la tutela que ella le está entregando tumbando el proceso de preselección de candidatos no tiene ningún sentido”, sostuvo la senadora Andrea Barrientos.
Además de conceder la tutela a la acción popular de la dirigente indígena y exdiputada masista Yeni Duri, la Sala Constitucional Primera de Pando dispuso que se realice un nuevo proceso de preselección alegando que se vulneró el derecho a la igualdad tanto de las mujeres como de los pueblos indígenas originarios.
Lo que hoy están cometiendo la vocal Salazar y el vocal (Jorge Luis) Sotelo en la Sala Constitucional de Pando es el delito de prevaricato. Nosotros rechazamos enfáticamente la decisión que están tomando en este momento. Ellos no tienen ninguna competencia para anular una ley que ya ha pasado por tres controles de constitucionalidad”, sostuvo Barrientos.
En este sentido, la legisladora anunció que se recurrirá a las medidas legales correspondientes en contra de estos dos vocales, remarcando que no se mencionó ninguna vulneración de derechos y tampoco se hizo referencia a una postulante en concreto.
“Vamos a iniciar los juicios de responsabilidades correspondientes a los autoprorrogados que han nombrado estos vocales de manera ilegal”, concluyó Barrientos.
Por su parte, el diputado Pablo Arizaga, miembro de la Comisión de Constitución, cuestionó que una acción popular acaba de fulminar el proceso y expresó que se llegó a un punto óptimo de ignorancia en las instituciones públicas al aparecer el fallo.
“Espero, que hoy todos los que nos lanzaron cohetes y dardos, mientras teníamos que lidiar con este bloque de ignorantes y corruptos, comprendan que debíamos estar unidos, hoy, nos sepultaron a todos juntos. Hasta aquí llegamos, pero por el momento. Este abuso no es eterno, lo sabe bien quien les enseño estas prácticas”, dijo el legislador.
