Caso ‘Coimas’: Justicia sentencia a 10 años de cárcel a Juan Santos Cruz, exministro de Luis Arce
El exministro Juan Santos Cruz y el exviceministro Carmelo Valda, además de otros implicados, recibieron una condena dentro de una investigación por enriquecimiento ilícito
Un juzgado condenó a diez años de prisión al exministro de Medio Ambiente y Agua Juan Santos Cruz y sentenció a seis años a otros cuatro exfuncionarios por el caso “coimas”.
El proceso tenía base en una pesquisa por enriquecimiento ilícito que la exautoridad del Gobierno de Luis Arce cometió en el ejercicio de sus funciones, informó la Procuraduría General del Estado.
El Tribunal Segundo de Sentencia en lo Penal Anticorrupción dictó la condena el jueves.
El caso se destapó tras una denuncia en contra de Santos presentada el 8 de abril de 2023, indicó a EFE una fuente de la Procuraduría.
Santos había ejercido el cargo desde que Arce asumió el Gobierno en noviembre de 2020.
El exministro dijo en su momento que era víctima de una campaña mediática en su contra, no obstante, renunció a su cargo el 13 de mayo de 2023 y fue detenido una semana después.
Santos y sus excolaboradores, entre ellos el exviceministro de Agua Potable Carmelo Valda Duarte, fueron acusados de haber organizado “una red de corrupción” que cobraba comisiones a empresas para adjudicarles contratos y proyectos de agua, agregó la fuente.
MIRA AQUÍ: Según Interpol Bolivia, se recibió el pedido de Colombia para extraditar a alias ‘Mapaya’
El tribunal también decidió que Santos quede inhabilitado durante ocho años para ejercer cargos públicos tras cumplir su sentencia.
Los excolaboradores hacían la petición de dinero a las empresas, pero después aparecieron como propietarios de varios bienes que en realidad pertenecían al exministro Santos, según las investigaciones.
Además, se estableció que dos de los exfuncionarios condenados, entre ellos un sobrino del exministro, realizaron operaciones en sus cuentas bancarias por más de un millón de dólares.
La Procuraduría estableció que el daño económico provocado al Estado es de más de 2,3 millones de dólares, por lo que la Justicia ordenó la confiscación de todos los bienes de los sentenciados.