Exdirectora del Fondo Indígena, Elvira Parra, es enviada nuevamente a la cárcel por caso de proyecto de miel
La Fiscalía imputó a la exautoridad por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Hace 11 años ya había sido encarcelada por el caso del presunto desfalco en el fondo
Un juzgado de La Paz dictó detención preventiva para la exdirectora del Fondo de Desarrollo Indígena Elvira Parra en el caso de las presuntas irregularidades en un proyecto de miel ejecutados en 13 comunidades del trópico de Cochabamba financiado por esa institución.
La Fiscalía imputó a la exautoridad por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Parra deberá permanecer cinco meses en el penal de Obrajes, en el sur de la ciudad de La Paz.
Procesos
Parra fue encarcelada en 2015 por el presunto desfalco del Fondo Indígena. Permaneció tras las rejas más de ocho años, hasta 2023, cuando le concedieron detención domiciliaria.
La exdirectora denunció en ese entonces que enfrentaba más de 100 procesos, lo que imposibilitó su defensa. Además, señaló que quedó presa mucho más tiempo que la pena que le impusieron.
La Defensoría del Pueblo había observado su caso por haberse sobredimensionado la persecución penal en su contra.
Defensoría
El martes 10 de marzo, horas después de que la Fiscalía aprendió a la exdirectora del Fondo Indígena, la Defensoría del Pueblo publicó una resolución en la que se “evidenció que el Estado no garantizó el derecho al debido proceso ni el plazo razonable en al menos 25 de los 55 procesos penales iniciados contra Elvira Paula Parra Villca de Chuquimia”.
“En dicha investigación se estableció que 23 procesos permanecían abiertos por más de diez años y otros dos por más de cinco años, advirtiéndose una notoria y excesiva dilación en la tramitación de las causas. Asimismo, se identificó la existencia de 16 procesos en etapa preparatoria y dos en fase preliminar”.
Para la Defensoría, estos aspectos “generan una situación de incertidumbre respecto a su situación jurídica” y la “posible vulneración de las garantías mínimas del debido proceso, como el plazo razonable y el acceso a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones”.
