Fiscalía: Dirigente panificador Rubén Ríos alquilaba a Emapa un galpón por Bs 19.000 al mes
Este martes, la Policía y una comisión de fiscales allanaron el galpón, propiedad del dirigente que es investigado por presuntas irregularidades por la harina subvencionada
Una comisión de fiscales y policías allanó la tarde de este martes un galpón de propiedad del dirigente panificador Rubén Ríos, que está ubicado en la ciudad de El Alto, en el marco de la investigación por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
El allanamiento se realizó en la zona de Chijini, en la ciudad alteña. Los policías debieron utilizar combos, pata de cabra y otras herramientas para intentar ingresar; sin embargo, los uniformados tuvieron que trepar por las paredes para poder abrir el galpón por dentro, ya que no pudieron destrabar la puerta.
Según el documento fiscal, el allanamiento se realizó a solicitud del Juzgado Undécimo de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia de la ciudad de La Paz, por una denuncia interpuesta por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
El fiscal del caso señaló que hay documentos que indican que Ríos alquilaba el galpón a Emapa por 19 mil bolivianos mensuales.
“Se ha encontrado documentación, la misma pertenece a Emapa cuando (el galpón) era arrendado por el señor Ríos, también (se registró) la existencia de un motorizado y una caja fuerte”, dijo el fiscal.
El documento indica que Ríos habría dado en calidad de arrendamiento el galpón a la empresa estatal Emapa con la finalidad de almacenar harina subvencionada que luego era distribuida entre los productores de pan.
Ríos fue llevado la tarde del martes ante el fiscal para que preste su declaración, pero se acogió a su derecho al silencio. Al salir, dijo ante los medios que es inocente.
La mañana de este martes, el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Mario Justiniano, señaló que presentó un proceso contra Ríos por presuntas “irregularidades detectadas en el caso de la subvención de harina” que dejaron un daño económico de al menos 5 millones de bolivianos.
