Fondo Indígena: Abogado cuestiona a la Fiscalía y pide para Arce seis meses de detención en la cárcel de San Pedro
La parte denunciante cuestionó que el Ministerio Público solicite que el expresidente cumpla una medida cautelar en un centro de rehabilitación concebido para jóvenes
Tras conocerse que en su imputación la Fiscalía solicita la detención preventiva del expresidente Luis Arce por cuatro meses en el Centro de Rehabilitación Qalahuma, el abogado denunciante, Eduardo León, cuestionó la petición del Ministerio Público y señaló que como parte denunciante solicitarán que la medida cautelar sea por mayor tiempo y en la cárcel de San Pedro.
La parte denunciante cuestionó que el Ministerio Público solicite que el expresidente cumpla una medida cautelar en un centro de rehabilitación concebido para jóvenes. El Centro de Rehabilitación y Reinserción Social Qalauma se emplaza en el municipio de Viacha, en el departamento de La Paz, a unos 28 kilómetros de la ciudad sede de Gobierno.
“Vamos a solicitar de que se deje de lado el requerimiento fiscal y se pueda disponer la detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro del señor Luis Arce, porque lo demás sería favorecerlo, pero ya descaradamente”, manifestó León.
El abogado calificó como una “burla” que la Fiscalía haya solicitado que Arce cumpla su detención preventiva en el Centro de Rehabilitación de Qalahuma y señala que el Código de Procedimiento Penal y otras normas no permiten que las medidas cautelares se cumplan en centros que no sean especiales para detenidos preventivos.
“A don Luis Arce Catacora lo quieren llevar al reformatorio (...) no sabemos de dónde se han conseguido este tipo de cosas, pero creo que responde nomás a una actitud de la Fiscalía departamental que está rayando ya en lo ridículo y que creo que tiene que dar explicaciones legales al país”, manifestó León.
El abogado respondió también a las declaraciones de la exministra de la Presidencia, Marianela Prada, quien afirmó que no existe documento firmado por Arce ni norma que prohíba la transferencia de recursos públicos a cuentas personales.
Según León, esa versión es “totalmente falsa” porque, afirma, el Presupuesto General del Estado de 2010 a 2015, la Ley SAFCO, la Ley 004 y el reglamento de transferencias del Fondo Indígena impiden que se transfieran dineros de cuentas públicas a cuentas particulares. Aseguró que esa práctica constituye un delito y que existe un “elemento de conexión” clave: el testimonio 01/2010, mediante el cual, según su versión, Luis Arce no solo cobra, sino que autoriza y permite el traspaso de recursos a cuentas privadas.
León sostuvo que estas operaciones se habrían dado principalmente entre 2013 y 2015, provocando un daño económico de más de 4.000 millones de bolivianos.
Recordó que en los casos de Luis Fernando Camacho y Jeanine Añez se aplicaron medidas más duras, con reclusión en cárceles como Chonchocoro.
Además, afirmó que los riesgos procesales planteados por la Fiscalía son “muy frágiles” y que, por la gravedad de la acusación —disposición de dineros del Estado a cuentas particulares—, existe riesgo de obstaculización y fuga.
León también aseguró que el expresidente aún conserva poder político y que el Movimiento Al Socialismo mantiene influencia en la Fiscalía de La Paz, lo que, según él, se refleja en la forma en que se lleva adelante el caso.
