Fondo Indígena: No hay normativa que impida transferencias público-privadas y Arce presentó todos los descargos, dice Prada
La exminsitra señaló que el control respecto al destino de los recursos no estaba a cargo de Luis Arce y “no existe ningún documento o resolución firmada” por el exmandatario para la transferencia de fondos a cuentas privadas
El expresidente y exministro de Economía, Luis Arce, fue aprehendido el miércoles y pasó la noche en celdas policiales de la ciudad de La Paz. Es investigado por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en el marco de las investigaciones por el desvío de recursos del Fondo Indígena.
La exministra de la Presidencia, María Nela Prada, explicó que la defensa de Arce impugnará la forma en que se llevó a cabo la orden de apremio, argumentando que no se le mostró la orden de aprehensión en el momento de la detención y se lo habría trasladado de manera irregular.
Según Prada, “no existe tampoco ninguna normativa en nuestro país que impida transferencias público - privadas, las cuales están permitidas en Bolivia y en cualquier país del mundo, en el marco de lo que se regula a nivel de la administración de los recursos públicos”.
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Puso como ejemplo que los bonos son transferencias público- privadas, “la Renta Dignidad es una transferencia público privada, las el pago a servicios de empresas privadas por cualquier nivel del estado, sea municipal, departamental o nacional, es una transferencia”.
Sin embargo, al margen de ello, la exministra manifestó que Arce presentó “absolutamente todos los documentos de descargo”, porque “no existe, para empezar, un solo documento con la firma de él transfiriendo recursos a personas particulares, eso no existe”.
Prada señaló que Arce no tenía riesgos procesales y que se había presentado voluntariamente ante la justicia en el pasado. También aseguró que no existe ningún documento que vincule a Arce con la transferencia de recursos a cuentas privadas.
“Es lo primero que se va a hacer conocer por parte de su defensa, el incumplimiento a los procedimientos en su orden de aprehensión, pese a que él no tenía riesgos de obstaculización, ni de fuga, ni de nada”, dijo.
El caso del Fondo Indígena data del 2015 y se estima que se malversaron más de $700 millones. La Fiscalía General del Estado informó que la investigación continúa y que se determinará quiénes son los responsables del presunto daño al Estado.
“La ejecución no estaba a cargo de Luis Arce, el control respecto al destino de sus recursos no estaba a cargo de Luis Arce y no existe ningún documento, ninguna resolución firmada por Luis Arce para la transferencia de recursos a cuentas privadas de ninguna persona”, dijo Prada, que manifestó que a él le correspondería un juicio de responsabilidad en su calidad de expresidente.
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La defensa de Arce argumentó que él no era responsable de la ejecución de los recursos del Fondo Indígena y que su papel se limitaba a realizar transferencias de recursos a las entidades correspondientes.
Según la Fiscalía, el exmandatario se acogió al derecho al silencio al momento de prestar su declaración informativa y se alista la imputación en su contra, tomando en cuenta que no se contempla un juicio de responsabilidades. Además, se advirtió que existe un riesgo de fuga.
