Jueces vetados por EEUU: Consejo de la Magistratura advierte con procesos en caso de haber irregularidades
El presidente del Consejo de la Magistratura instruyó un levantamiento técnico para verificar si los jueces vetados incumplieron procesos administrativos al interior del Órgano Judicial
Ante las restricciones de visado anunciadas por el Gobierno de Estados Unidos, que alcanzan a ciudadanos bolivianos, entre los que figuran tres jueces, el presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, instruyó un levantamiento técnico y administrativo respecto a los servidores judiciales citado en la información difundida por el Departamento de Estado del país norteamericano.
“Si han cometido irregularidades se van a iniciar procesos correspondientes a estas autoridades que hubieran incumplido un procedimiento administrativo en el órgano judicial”, sostuvo Spencer en conferencia de prensa, al precisar que ya se dio la instrucción a los representantes distritales de la Magistratura.
El Departamento de Estado de EEUU anunció restricciones de visa para 12 ciudadanos bolivianos y sus familias. Entre ellos están tres jueces: Albania Chane Caballero Saavedra, Rosario Ximena Flores Paniagua y Rodrigo Aldo Vedia Espinoza.
Albania Chane Caballero Saavedra, primera jueza investigadora Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres de Santa Cruz. Según la información difundida por el Departamento de Estado, dio luz verde para que el exjuez Hebert Zeballos, implicado en el caso ‘Maletas’, fuera beneficiado con detención domiciliaria en un proceso por legitimación de ganancias ilícitas.
Mientras que Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción Penal de Santa Cruz. En la información proporcionada sobre la medida estadounidense se señala que también firmó el mandamiento de libertad de Hebert Zeballos, mencionado en el mismo caso.
El tercer juez incluido es Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, del Primer Juzgado de Instrucción Penal de La Guardia. Entre sus antecedentes señalados en la información de EEUU está haber sido encargado de controlar la detención preventiva de Misael Nallar por el triple asesinato de policías ocurrido en Porongo.
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Además, Specncer precisó que se busca establecer, en los casos que correspondan, bajo qué condición administrativa se habrían realizado eventuales viajes a Estados Unidos por parte de estos jueces, verificando si existieron vacaciones autorizadas, licencias, permisos u otra documentación administrativa que respaldara la ausencia de sus funciones.
Asimismo, sostuvo que el levantamiento técnico tendrá carácter objetivo y deberá sustentarse en documentación oficial, sin anticipar responsabilidades, diferenciando las decisiones migratorias adoptadas por otro Estado de las eventuales responsabilidades administrativas o disciplinarias que únicamente pueden establecerse mediante los procedimientos correspondientes en Bolivia.
