Juzgado revisa este jueves resolución con la cual se rechazó el juicio de responsabilidades para Luis Arce
Apoyado en normas que son anteriores a la Constitución Política del Estado de 2009, su defensa legal había solicitado que el exmandatario sea juzgado mediante un juicio de privilegio, pero un juzgado rechazó ese pedido en diciembre
Para este jueves está programada la audiencia en la que se debe revisar la decisión judicial que dispuso que el expresidente Luis Arce sea juzgado en la vía ordinaria y no mediante un juicio de responsabilidades
Arce fue encarcelado en diciembre de 2025 con detención preventiva por el caso Fondo Indígena. El exgobernante de Bolivia (2020-2025) atribuyó el proceso en su contra a un plan de persecución política, una versión que fue rechazada por el Gobierno.
Apoyado en normas que son anteriores a la Constitución Política del Estado de 2009, su defensa legal había solicitado que el exmandatario sea juzgado mediante un juicio de privilegio, pero un juzgado rechazó ese pedido.
Eduardo León, abogado de la parte acusatoria, informó que el juez cautelar desestimó la solicitud tras considerar que los hechos investigados en ese caso ocurrieron cuando Arce era ministro de Economía y no durante su gestión como presidente del Estado, por lo que el proceso debe continuar en la vía ordinaria.
Ante esa decisión, el abogado de Arce presentó una apelación que se resolverá esta jueves.
La audiencia se desarrollará de forma virtual en la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
“Se señala audiencia de apelación de incidental para el día 22 de enero de 2026 a horas 11:40 am, misma que se desarrollara mediante el sistema de audiencias virtuales de videoconferencias, en tal sentido póngase en conocimiento de las partes intervinientes el presente señalamiento y LINK de acceso a la plataforma virtual ZOOM”, reseña la citación de la audiencia.
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Arce debe cumplir prisión preventiva por cinco meses en la cárcel de San Pedro de La Paz, sindicado por “incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”, por autorizar, como ministro de Economía, desembolsos de recursos en cuentas particulares del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) para proyectos que, en muchos casos, no se ejecutaron.
Se estima un daño económico superior a Bs 4.000 millones.
