La ONU dice que Bolivia es un centro de operaciones para carteles internacionales de droga
“No estamos hablando de carteles bolivianos, estamos hablando de organizaciones (...) de otros países y que operan con la anuencia, con el consenso de organizaciones locales”, indicó Mónica Mendoza, representante de la ONU contra la droga y el delito
Bolivia se convirtió en los últimos años en un “hub” o centro de operaciones para los carteles de droga, algo que el Gobierno de Rodrigo Paz ha reconocido y cuyo abordaje representa una oportunidad para “mejorar” la lucha antinarcóticos, afirmó la representante en el país de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Mónica Mendoza.
Mendoza mencionó que en Bolivia se ha identificado “una dimensión de expansión de carteles” como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, las organizaciones delictivas brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), al igual que grupos criminales peruanos y colombianos.
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Esto se evidencia en la cantidad de detenidos de esas nacionalidades en cárceles bolivianas “y que están relacionados con el cuadro de operaciones de mando” de las mencionadas organizaciones, añadió.
Según Mendoza, a esto se suma un incremento “significativo” de los casos de “sicariato” o ajusticiamientos, que muestran que estos grupos “están confrontados” y “están peleando por territorios”.
Desde hace algunos meses, los asesinatos por encargo han sido recurrentes en las zonas fronterizas con Brasil, lo que obligó al Gobierno boliviano a movilizar al Ejército y a grupos de élite para reforzar la seguridad.
“Sí hay presencia de carteles. No estamos hablando de carteles bolivianos, estamos hablando de organizaciones (...) de otros países y que operan con la anuencia, con el consenso de organizaciones locales”, indicó.
Para Mendoza, Bolivia ya no puede verse solo como productor de materia prima o territorio de tránsito, porque el problema “es mucho más complejo”: se da una “confluencia” de delitos como el contrabando, la trata de personas, la corrupción y la minería ilegal, al modo de un “holding” o consorcio empresarial del crimen.
Además, se suma el incremento de los cultivos de hoja de coca que, según el último informe de la Unodc presentado en septiembre, subieron un 7 %, de 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 en 2025.
Bolivia, donde la hoja de coca tiene un uso tradicional y ancestral, es el tercer productor mundial del arbusto, por detrás de Colombia, que en 2024 registró 261.000 hectáreas de cultivo, y Perú, que en 2025 reportó 84.546 hectáreas, según los informes de la Unodc.
Infiltración institucional
Durante los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), las entonces autoridades negaron la presencia de carteles o ‘peces gordos’ del narcotráfico en Bolivia y aseguraron que las operaciones ilícitas se restringían a supuestos “emisarios” o clanes locales.
La Administración de Paz, que está próxima a cumplir un año de Gobierno, reconoció que en Bolivia opera el crimen organizado transnacional, y defiende sus acciones para combatirlo y que permitieron las capturas de “capos” del narcotráfico, como el uruguayo Sebastián Marset, detenido en marzo pasado y enviado a EE.UU.
Mendoza sostuvo que el narcotráfico en Bolivia “no” se maneja a “un nivel bajo”, algo que se evidencia en casos como el de Marset.
Para la representante, la captura del uruguayo también supuso el fin de la “narcopaz”, una especie de tregua en la que las organizaciones criminales conviven en calma porque tienen distribuidas rutas, funciones y territorios, lo que, según dijo, da la impresión ante la población de que el problema no existiría.
Además, en Suramérica “existe una política de expansión e infiltración del crimen organizado” que ha “penetrado algunas instituciones” de la Justicia, lo que se “transforma en una red de corrupción” para evitar la persecución del delito, agregó.
La representante respondió así al ser consultada sobre la destitución y el encarcelamiento del exfiscal general de Bolivia Roger Mariaca, quien fue acusado por el Ejecutivo boliviano de supuestamente proteger al “narcoterrorismo”.
Mendoza explicó que “negar” que existe esa infiltración en las instituciones sería muy “complejo”, porque daría cabida a que el narcotráfico “se instale” en ellas y sea “muy difícil” recuperarlas.
A su juicio, “es imposible” combatir el narcotráfico a gran escala de una manera “unilateral o solamente bilateral”, por lo que “uno de los retos más importantes que tiene Bolivia” es tener una respuesta “integral” al problema.
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Mendoza consideró necesario perseguir el crimen y sus finanzas y luchar contra sus capacidades operativas para detener el avance de las grandes organizaciones criminales en Bolivia.
También hizo hincapié en que Bolivia avance en la aprobación de normas “antilavado” de dinero o de extinción de dominio, además de que la Justicia dicte sentencias en casos de narcotráfico, que hasta ahora han sido “muy pocas”.
El Gobierno de Paz dio un giro a la política antinarcóticos de Bolivia al permitir nuevamente la colaboración de la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA), que fue expulsada del país en 2008 por Evo Morales, además de firmar un acuerdo con el Gobierno estadounidense y sumarse al Escudo de las Américas para la lucha contra el narcotráfico.
