Mazamorra en Bajo Llojeta: Fiscalía amplia la investigación contra seis funcionarios de las alcaldías de La Paz y Achocalla

La tragedia pasó la noche del 23 de noviembre de 2024. Las familias damnificadas ahora viven hacinadas en un albergue.

Publicación: 08/01/2025 15:56
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[Foto: Heidy Tarqui - UNITEL ] / La mazamorra nuevamente ingresó el martes a la zona de desastre

Este 23 de enero se cumplirá dos meses de la mazamorra en Bajo Llojeta, donde la niña Camila de cinco años perdió la vida y varias familias terminaron damnificadas. Desde la Fiscalía determinaron ampliar la investigación contra seis funcionarios de las alcaldías de La Paz y Achocalla, según la información policial.

“Se han emitido las citaciones para que sean convocados a declarar y en las próximas horas vamos a tener resultados”, informó el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Walter Sossa.

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La autoridad señaló que los trabajadores ediles deberán presentarse en calidad de investigados en oficinas de la Fiscalía.

“Estamos hablando de funcionarios públicos que tenían a su cargo el tema de Gestión de Riesgos, también son técnicos de estas instituciones que tienen que responder de acuerdo a la ampliación”, agregó Sossa.

Dentro de este caso, el alcalde de Achocalla, Manuel Condori, se encuentra con detención preventiva desde 5 de diciembre en la cárcel de Patacamaya, del departamento de La Paz. La autoridad está investigado por los delitos de incumplimiento de deberes y lesiones graves y gravísimas.

Mientras que el alcalde paceño Iván Arias, se defiende en libertad luego de haber declarado el 9 de diciembre ante la comisión de fiscales que investiga este caso.

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Entre tanto, Luis Enrique Iturralde, propietario de la inmobiliaria que administra un cementerio privado en la parte alta del desastre fue imputado por los delitos de peligro de estrago, otros estragos, lesiones graves y leves, homicidio culposo y daño calificado.

Esta persona aún se encuentra en Perú con detención domiciliaria desde noviembre del años pasado hasta que se concrete el proceso de extradición y sea entregado a las autoridades bolivianas, según el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.