Modificaron reglamento y pagaron Bs 870 millones “sin garantías” en YPFB; 14 personas fueron denunciadas
El viceministro de Transparencia, Yamil García, señaló que funcionarios y exfuncionarios habrían instalado un esquema para entregar desembolsos millonarios sin tener una sola garantía
El viceministro de Transparencia, Yamil García, denunció este miércoles un presunto daño económico de más de Bs 870 millones a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en contratos para la provisión de aceite crudo de soya destinados a la Planta de Biodiésel N°1.
La autoridad afirmó que no se trata de “denuncias genéricas”, sino de casos “con nombre y apellido” de funcionarios y exfuncionarios involucrados, entre los que figuran H.N.I., representante legal de la empresa que suscribió los contratos, y sus socios.
“Se tienen como involucrados a los gerentes de YPFB Refinación, al gerente general, gerente comercial, gerente jurídico a la unidad solicitante, de tal manera que son más de 14 personas que han sido denunciadas ante el Ministerio Público”, informó.
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La autoridad remarcó que el caso tiene que ver con la planta de biodiésel, que ha tenido denuncias públicas por parlamentarios en su momento, de haber tenido un sobreprecio de al menos 10 millones de dólares. “En una de sus primeras operaciones ha producido una afectación económica de más de 870 millones de bolivianos”, sostuvo.
Según García, el daño se produjo a través de dos contratos adjudicados a un mismo proveedor para la provisión de aceite crudo de soya. El viceministro explicó que el contratista incumplió y que, a diferencia de lo que establece la norma, YPFB no exigió las garantías de cumplimiento de contrato ni de correcta inversión de anticipo.
“¿Qué ha ocurrido en este caso? Que no ha existido ni garantía de cumplimiento de contrato ni garantía de correcta inversión de anticipo”, señaló este miércoles, en conferencia de prensa.
García detalló que el directorio de YPFB Refinación modificó el reglamento de garantías en una sesión del 2 de abril de 2024. En esa reunión se resolvió “añadir una excepción” para no exigir la garantía de anticipo a proveedores de aceite crudo de soya y cambiar la garantía de cumplimiento por una simple retención para montos mayores a Bs 1 millón.
“A los tres días se comunica la adjudicación a la empresa. Es decir, el directorio sesiona un martes, quita las garantías, y el viernes YPFB le comunica a esta empresa que ya había sido adjudicada por estos contratos millonarios”, denunció.
“El 8 de abril se suscribió el contrato” y el 9 de abril de 2024 “comenzaron los desembolsos de anticipos millonarios”, señaló el viceministro.
“En menos de una semana, YPFB configura este esquema, de tal manera que pueda entregar estos más de 870 millones de bolivianos sin tener una sola garantía de que se pueda recuperar un centavo de estos recursos de todos los bolivianos”, afirmó.
García mostró un formulario de pago anticipado que señala como respaldo “informe de excepción de garantías”.
Posteriormente, indicó que ante el incumplimiento, YPFB y la empresa firmaron una terminación de contrato, pero que como garantía, se le entregó dos terrenos rurales en favor de la estatal, pero que resultaron ser “pequeñas propiedades” y por tanto inembargables según la Constitución.
