Orden de aprehensión contra Montaño está vigente; extrabajadores de Sabsa entregarán el documento a la Policía
El documento judicial, que en primera instancia circuló en las redes sociales, dispone que Montaño sea trasladado a la carceleta de Buena Vista, en la provincia de Ichilo, hasta que se cancele más de Bs 55 millones a los extrabajadores de Sabsa.
Es oficial. El juzgado Público Civil, Comercial de Partido de Trabajo y Seguridad Social de Yapacaní, en Santa Cruz, libró una orden de aprehensión en contra del ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño por el caso de un proceso laboral activado por los extrabajadores de Sabsa.
La disposición judicial está vigente y será entregada a la Policía para su ejecución este martes, indicó Alfredo Chávez, uno de los cerca de 300 extrabajadores de la empresa de Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa) afectados.
“Si, se confirmó. Hoy lo estamos haciendo llegar al comando departamental de la Policía”, señaló en una entrevista con la red UNITEL.
“Somos más de 300 extrabajadores y la deuda es de 55 millones de bolivianos”, añadió.
Por su parte José Antonio Mozza, abogado de los extrabajadores de Sabsa, señaló que este proceso data desde hace 14 años cuando se dio el proceso de nacionalización y, en su momento, el Estado pagó a la empresa española Abertis la suma de 23 millones de dólares.
“De acuerdo al decreto supremo 1494 en su artículo 5 establece que este pasivo forma parte del precio, es decir que se descontó a la empresa para pagar estos pasivos por lo que, no es que se va a afectar al Estado con este pago, todo lo contrario”, apuntó.
UNITEL buscó al ministro de Obras Públicas para conocer su respuesta a este mandamiento de apremio, pero aún no ha respondido al requerimiento.
Otro caso
En 2022 el Gobierno desvinculó a 600 trabajadores en el marco del cierre de Sabsa. En su reemplazo, el Gobierno de Luis Arce creó la empresa Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol).
Los extrabajadores de Sabsa denunciaron que el Gobierno no ha cumplido con el pago de los finiquitos, por esa razón acudieron a la Justicia para hacer prevalecer sus derechos laborales.
