Ruth Nina es investigada por tres delitos y la Fiscalía alista imputación
La resolución de fundamentación señala que se presentaron nueve elementos de convicción para la aprehensión de Nina, quien pasará la noche en celdas policiales
La dirigente del extinto Pan-Bol, Ruth Nina, fue aprehendida este jueves por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, amenazas y obstrucción de procesos electorales, según la orden de aprehensión fundamentada emitida por la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas y delitos aduaneros y tributarios de Cochabamba.
Según el documento, al que accedió UNITEL, el fiscal de materia Sergio Mendoza ordenó la aprehensión de Nina, tras su declaración informativa que se realizó en las oficinas del Ministerio Público en la avenida Víctor Ustáriz, Interior Aduana, por la denuncia realizada por María Leonila Galindo Tórrez, representante de Conade, contra Ruth Nina, por sus declaraciones emitidas el 12 de julio en el congreso evista de Lauca Ñ, donde dijo que el Tribunal Electoral “en vez de votos va a contar muertos”.
La resolución de fundamentación señala que se presentaron nueve elementos de convicción, entre ellos, la denuncia, actas policiales, pericias digitales, videos, informes técnicos, certificaciones de empresas telefónicas y reportes de tráfico.
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Por ello, según el documento, Nina es “con probabilidad autor del hecho que se investiga, porque sus conductas se subsumen al delito de instigación pública a delinquir, amenazas y obstaculización de procesos electorales.
El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, confirmó la aprehensión de Nina y afirmó que la Fiscalía emitirá la imputación formal en las próximas horas.
“Luego de haber sido escuchada el fiscal de materia, en base a informes policiales y el principio de objetividad, se ha determinado emitir una resolución de aprehensión contra esta persona, la misma va a quedar aprehendida, ha sido notificada y va a ser imputada en las próximas horas”, dijo el fiscal general.
Manuel Mariscal, abogado de Nina, afirmó que no hay motivos para la aprehensión de su defendida ya que solo utilizó su derecho a la libertad de expresión, por lo que señaló que se trata de una acusación política.
Según la normativa, el delito de instigación tiene una pena de reclusión de 1 mes a 3 años, mientras que la obstaculización de procesos electorales tiene una sanción de 2 a 5 años de cárcel. El caso de amenazas, la sanción va de 1 mes a un año de prestación de trabajo, 60 días de multa o, si la amenaza fue con arma de fuego, 3 a 18 meses de reclusión.
