Sucre: Allanan Derechos Reales y la Dirección Administrativa Financiera del Órgano Judicial por un caso de presunta corrupción en Santa Cruz
El presidente del TSJ señaló que la investigación es “a raíz de hechos suscitados en oficinas de Derechos Reales en Santa Cruz, donde habrían alterado algunos gravámenes, donde habría suprimido inclusive”
El Ministerio Público intervino este miércoles la oficina nacional de Derechos Reales y de la Dirección Administrativa Financiera (DAF) del Órgano Judicial en Sucre, en el marco de una investigación por un caso de presunta corrupción en Derechos Reales de Santa Cruz.
“Hemos tenido conocimiento de una orden de allanamiento emitida por una autoridad competente”, señaló el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo.
Saucedo agregó que el fiscal a cargo de la investigación se hizo presente en las oficinas de Derechos Reales en Sucre, así como en las oficinas de Informática de la Dirección Administrativa y Financiera.
”Esto a raíz de hechos suscitados en oficinas de Derechos Reales en Santa Cruz, donde habrían alterado algunos gravámenes, donde habría suprimido inclusive”, dijo Saucedo.
Agregó que se respetará el trabajo del Ministerio Público. Saucedo evitó dar detalles de la investigación que se llevan a cabo.
En enero, la Sala Plena del Consejo de la Magistratura conformó una comisión para ejecutar una fiscalización en las oficinas de Derechos Reales de Santa Cruz, donde se denunció un millonario desfalco económico.
Pero además instruyó a los encargados distritales elaborar informes para establecer la situación de la entidad a escala nacional.
El caso
La Fiscalía informó en enero que al menos cinco funcionarios de Derechos Reales y un civil son investigados por el caso en Santa Cruz.
Se investiga el presunto desvío de dinero por concepto de trámites, monto que llega a los Bs 2 millones, que fueron depositados en cuentas de terceros.
“Se han emitido citaciones en total de cinco o seis aproximadamente. Estamos hablando de juez, registradores de derechos reales, de supervisor, asesor, registradora, como sí también dos funcionarias de la DAC y personas particulares”, señaló en ese entonces, fiscal departamental Alberto Zeballos.
