TCP admite recurso que abre la posibilidad de que los casos por supuesto terrorismo no sean centralizados en La Paz
El abogado de Luis Fernando Camacho señala que al admitirse este recurso, el gobernador cruceño debería quedar en libertad en este caso, pues no existe un plazo definido para que el TCP se pronuncie
Este lunes UNITEL tuvo acceso a un auto del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que en su parte resolutiva admite un recurso de inconstitucionalidad contra dos artículos del Decreto Supremo 138 que establecen a La Paz como el lugar para que sean juzgados los acusados por terrorismo, sedición o alzamiento armado.
El documento del TCP señala que Reinerio Vargas y José Luis Santistevan demandaron la inconstitucionalidad de los dos primeros artículos del DS 138, por ser “presuntamente contrarios a la Constitución, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Vargas y Santistevan presentaron el recurso de inconstitucionalidad pues están entre los acusados por el dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Juan Marcelo Mayta Huanca, por supuestos delitos cometidos durante el paro de 36 días que se realizó exigiendo la realización del Censo.
Uno de los artículos cuestionados del DS 138 es el segundo y en él que se fija a La Paz como el “ámbito de jurisdicción procesal” donde deben ser procesados los acusados por el delito de terrorismo, sedición o alzamiento armado.
“El recurso ha sido admitido por el TCP, por tanto se debe paralizar el proceso hasta que se resuelva el recurso”, explicó el abogado Martín Camacho.
El abogado señala que tomando en cuenta que la definición de este recurso puede alargarse sin plazo definido, considera que se debería ordenar la inmediata liberad del gobernador cruceño que cumple detención preventiva en Chonchocoro.
“Está paralización hace inviable que se mantenga la detención”, manifestó Camacho.
El abogado agrega que el TCP analizará el DS 138 para verificar si los artículos cuestionados son inconstitucionales por “violentar el derecho y principio al juez natural”.
Además, señala que en caso de declararse inconstitucional se debería respetar la competencia territorial en las investigaciones.
