Transparencia denuncia “corrupción” en la compra del terreno y la construcción del edificio de la Aduana en Tarija
El caso involucra a Karina Liliana Serrudo Miranda, quien fue Presidenta Ejecutiva de la Aduana de Bolivia desde el 2020 hasta 2025, así como a la empresa constructora adjudicada y a la persona que vendió el terreno, informó Transparencia
El Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos presentó una denuncia por presuntos hechos de corrupción en la compra del terreno y la construcción del edificio de la Aduana en Tarija, en la administración de Karina Serrudo.
La denuncia fue presentada el martes 27 de enero y ya fue admitida; de esa manera, se dio de inicio al proceso de análisis e investigación correspondiente, reseña un boletín institucional.
“El caso involucra a Karina Liliana Serrudo Miranda, quien fue Presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional de Bolivia desde el 2020 hasta 2025, así como a la empresa constructora adjudicada y a la persona que vendió el terreno donde se edificó el inmueble”, se lee en el documento.
Terreno
Según la denuncia, el terreno adquirido para el proyecto no cumplía con los requisitos técnicos y legales exigidos en la convocatoria, como una ubicación adecuada, accesos apropiados, planos aprobados, saneamiento legal y compatibilidad con el uso de suelo.
Asimismo, se señala que el vendedor no contaba con el terreno debidamente individualizado ni saneado al momento de la adjudicación, pese a esas observaciones se procedió con la compra.
Además, se puntualiza que la adquisición se realizó por un precio significativamente superior al de otras ofertas que cumplían con los requisitos establecidos.
La denuncia también advierte que, aunque el contrato señalaba una superficie mayor, la Aduana terminó recibiendo únicamente 1.000 metros cuadrados, generándose inconsistencias documentales.
Además, el derecho propietario recién fue inscrito a nombre de la Aduana dos años después, debido a problemas legales y técnicos que no fueron resueltos oportunamente, reseña el boletín.
Al respecto, el director general de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Iván Vaca, advirtió que se realizó el desembolso total de los recursos, pese a que el terreno no cumplía con las condiciones acordadas, generando un posible daño económico al Estado.
Construcción del edificio
En la denuncia se advierte sobre un posible direccionamiento en el proceso de adjudicación, ya que la empresa constructora ganadora del proceso obtuvo una baja puntuación técnica, pero aun así recibió una calificación final que le permitió imponerse sobre otras propuestas.
Se identifican además observaciones técnicas relevantes, entre ellas que la obra se ejecuta en una zona inadecuada, contraria al Plan de Uso de Suelo del municipio y poco funcional para las operaciones de la Aduana.
Además, se señala que el proyecto no cuenta con planos aprobados por la Alcaldía, pese a tratarse de una infraestructura financiada con recursos públicos.
La denuncia se menciona que la infraestructura es insuficiente y mal planificada, puesto que no cubre las necesidades operativas de la Aduana, lo que obliga a mantener el alquiler de otros inmuebles.
A ello se suman supuestas deficiencias técnicas en la estructura, incluyendo riesgos por filtraciones de agua y condiciones inadecuadas del terreno.
“Daño económico”
El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, señaló que las “irregularidades” detectadas en la construcción del edificio pueden haber generado un sobreprecio en la obra, estimado en al menos Bs 9 millones.
Se observa que el costo por metro cuadrado excede ampliamente los valores de mercado.
Asimismo, alertó sobre un posible sobreprecio en la adquisición del terreno, debido a que la compra se realizó en condiciones que no cumplían con los requisitos técnicos y legales previstos, incluyendo supuestas inconsistencias en la superficie y el saneamiento legal de los documentos.
García recordó que las pesquisas se enmarcan en la investigación de los hechos de corrupción e irregularidades que supuestamente se registraron en los últimos 20 años y precisó que se trata de uno de varios procesos que actualmente se encuentran en distintas etapas de investigación, cuyos resultados serán comunicados oportunamente conforme a la ley.
