Apoyo económico y alimentos: Presentan el reglamento de la ley que protege a los huérfanos de víctimas de feminicidio y urgen a Paz aprobarlo
La directora de Voces Libres, Mercedes Cortez, firmó que “estas víctimas de feminicidio, que son los niños, es a consecuencia lamentablemente de la inacción del Estado” porque se tiene “un sistema ineficaz”
La mañana de este miércoles, varias instituciones se unieron para presentar junto a la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización, Jessica Echeverría, el proyecto de reglamento de la ley que protege a los huérfanos de las víctimas de feminicidio.
La viceministra Echeverría destacó que esta norma “fue un paso fundamental, pero fue un paso que se trabajó durante años”.
Se trata del reglamento de la Ley 1680 de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidio y Otros Delitos Contra la Vida.
Echeverría destacó que “el Estado no puede ni deberá ser indiferente”.
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“Este reglamento establece procedimientos claros para que los beneficios económicos lleguen oportunamente, garantiza la atención psicosocial especializada en trauma”, señaló la viceministra.
Un equipo técnico especializado coadyuvó en la redacción de este documento para que se garantice la “atención especializada para cada niño y adolescente”.
No obstante, precisó que no solo se trata de asistencia, puesto que “hoy se habla de reparación integral, de acompañamiento sostenible, de seguimiento permanente y sobre todo de dignidad”.
La viceministra dijo que la norma “fortalece la coordinación entre todos los sistemas de protección a niños y adolescentes” y remarcó que “el Estado no los va abandonar, ni dejar solos”.
El papel del Estado
Por su lado, la directora de Voces Libres, Mercedes Cortez, tomó la palabra en nombre de la Alianza por los Hijos e Hijas Huérfanos de Feminicidio, que se conformó hace dos años.
“En un momento difícil, en un momento de crisis económica, el Estado finalmente ha entendido la importancia no solo de visibilizar y de poner la cifra a estos niños como un número de víctimas colaterales, sino también de asumir esa responsabilidad”.
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Afirmó que “estas víctimas de feminicidio, que son los niños, es a consecuencia lamentablemente de la inacción del Estado porque tenemos un sistema ineficaz”.
En ese marco, denunció que las víctimas de feminicidio “han pedido ayuda cuando estaban con vida, pero no fueron escuchadas ni protegidas oportunamente”.
“Esperemos y tenemos esa fe de que el Estado central, de que el presidente Paz, de que su esposa, la Primera Dama, puedan priorizar la promulgación de este decreto supremo que implica el reglamento para que desde el 12 abril los niños pueden empezar a recibir este apoyo concreto que es el 20% del salario mínimo nacional, alimentos cuando son menores de cinco años, entre otras políticas”, dijo.
La norma además dispone el seguimiento psicosocial en sus domicilios por personal capacitado y especializado
El reglamento de la Ley 1680 permitirá garantizar protección integral y reparación para los hijos huérfanos víctimas de feminicidio.
Huérfanos
Se calcula que hasta diciembre del año pasado 961 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos por feminicidio en Bolivia.
La Ley 1680, promulgada el 5 de noviembre de 2025, estableció derechos y beneficios; el reglamento permitirá que esos derechos se apliquen de manera efectiva, es decir, que no queden en el papel.
El instrumento normativo definirá con claridad cómo se ejecutarán los beneficios económicos, cómo se garantizará la atención psicológica especializada y de qué manera las instituciones del Estado deberán coordinar acciones para proteger a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.
Entre sus principales alcances están:
● La ejecución efectiva de los beneficios económicos establecidos por ley.
● Atención psicosocial especializada, con acompañamiento multidisciplinario y seguimiento continuo, priorizando el interés superior de la niñez y evitando la revictimización.
● Coordinación entre ministerios, gobernaciones, defensoría, sistema judicial y centros de acogida para asegurar respuestas oportunas.
● Protección del patrimonio y los derechos sucesorios, evitando el despojo de bienes.
● Prioridad del derecho a vivir en familia y en entornos seguros.
