Arias se presenta en la Fiscalía por la denuncia de una exfuncionaria y revela que el municipio “gastó Bs 37 millones en reincorporaciones ilegales”
Este tipo de casos erosiona las “finanzas municipales” porque la municipalidad se ve obligada a recontratar a las personas a las que se les acabó el contrato, reclamó el alcalde de La Paz, Iván Arias.
El alcalde de La Paz, Iván Arias, se presentó la mañana de este viernes en la Fiscalía para declarar por un caso de incumplimiento de resoluciones judiciales que fue abierto por una exfuncionaria que pidió la reincorporación en su fuente laboral.
En ese marco, la autoridad edil reveló que la municipalidad erogó durante su gestión más de Bs 37 millones en la recontratación de personal por órdenes judiciales, que consideró “ilegal”.
“La orden decía, reincorpórenla, y la hemos incorporado”, señaló Arias, quien además señaló que al final la mujer desistió de su pedido.
El alcalde paceño reclamó que este es “otra vez” un caso sobre “contrataciones y recontrataciones de personas que se les ofrece un contrato, y no quieren, y se encaprichan en tener otro contrato”.
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“Y eso dicen que es incumplimiento”, fustigó la autoridad edil.
“Cuando dicen reincorpórenla, tenemos que reincorporarla a su cargo, y la persona tiene que aceptar y las personas dicen: ‘Ese cargo ya no me interesa”, señaló.
El alcalde denunció que cumplieron con la determinación judicial, pero dijo la exfuncionaria solicitó otro cargo además de un ítem.
“Así los jueces que hacen caso y andan metiéndose y obligándonos a contratar gente, sin saber si tenemos el presupuesto, sin saber si tenemos los recursos, sin saber si tenemos el espacio”, indicó.
“Ellos solo determinan y aquí estamos. Entonces a esta persona, en el caso concreto, se le ofrecen su mismo cargo, su mismo espacio y luego ha dicho ‘no, no quiero’”, señaló.
“Entonces, hemos gastado más de 37 millones de bolivianos en reincorporaciones ilegales”, señaló.
Este tipo de casos erosiona las “finanzas municipales” porque la municipalidad se ve obligada a recontratar a las personas a las que se les acabó el contrato, reclamó Arias.
“Eso hemos hablado y lo he denunciado ante el presidente del Estado, pero esa práctica sigue realizándose”, añadió.
Tras la presentación de su declaración, el alcalde se retiró de la oficina de la Fiscalía.
