Defensoría insta a la Justicia a garantizar la audiencia de modificación cautelar de exministra Roca
El ente defensorial envió un requerimiento para saber cuál es el estado de la situación procesal de Roca, en torno a las diligencias de notificación para la audiencia programada para el lunes 14 de julio
La Defensoría del Pueblo envió un requerimiento de informe escrito al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con el fin de conocer el estado de la situación procesal de la exministra Eidy Roca y las acciones asumidas para garantizar la audiencia de modificación de medidas cautelares programada para el lunes 14 de julio.
La Defensoría activó esta acción para velar por el debido proceso y evitar la vulneración de derechos humanos, dado el delicado estado de salud de Roca, quien atraviesa la fase final de una enfermedad degenerativa: esclerosis lateral amiotrófica (ELA), de acuerdo con los testimonios de sus allegados.
“Se envió un requerimiento de informe al Tribunal, para saber cuál es el estado de la situación procesal de la ciudadana Eidy Roca, si se instruyeron las diligencias de notificación para la audiencia (...) y cómo esa instancia garantizará que la audiencia no se suspenda”, informó Francisco Rodríguez, delegado defensorial de La Paz.
De acuerdo con los antecedentes, las oficinas defensoriales de Santa Cruz y La Paz realizaron gestiones conjuntas: una recogió testimonios de la familia, y otra revisó el expediente penal en el Juzgado 25 de Sentencia Anticorrupción.
La situación de Roca ha generado preocupación por su salud crítica. En agosto de 2024, una visita defensorial confirmó que se encuentra inmovilizada, conectada a un respirador y sin capacidad de interacción ni movimiento, debido al avance de la ELA.
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En 2021, la exministra fue sometida a medidas cautelares por el caso de los 324 respiradores chinos. Se le impuso detención domiciliaria, arraigo y una fianza de Bs 70.000, por lo que la APDHB ha solicitado la devolución de esa suma para costear atención médica paliativa.
Según el entorno de Roca, fue declarada interdicta, condición que la inhabilita completamente para enfrentar el proceso judicial.
La APDHB remarcó que el derecho a la salud está protegido por la Constitución y tratados internacionales, y advirtió que la garantía económica no puede transformarse en una pena anticipada ni en barrera para acceder a cuidados médicos urgentes.
