Entre enero y marzo, Bolivia registró 201 conflictos y 43 bloqueos, señala la Defensoría del Pueblo
Los departamentos donde más hechos de conflictividad se registraron son: La Paz, Santa Cruz y Potosí. De los más de 200 hechos de conflictividad, 150 fueron por conflictos sociales
El reporte sobre el comportamiento de la conflictividad en Bolivia señala que, en el primer trimestre de 2025 se registraron 201 hechos de conflictividad en el país, concentrándose la mayoría de los casos en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Potosí, según el reporte de la Defensoría del Pueblo.
El titular de la institución, Pedro Callisaya, detalló que de los más de 200 hechos, 150 fueron conflictos sociales en los cuales la Defensoría del Pueblo tuvo que intervenir en busca de mediaciones.
Dentro de los registros del monitoreo de conflictividad, muestra que entre enero y marzo se registraron 43 bloqueos, 36 marchas, 16 tomas de instalaciones y en el listado de emergencias se registran 51 casos y en menor recurrencia los enfrentamientos, paros y huelgas.
Callisaya explicó que los dos conflictos con mayor afectación a los derechos humanos de la población fueron medioambientales como el de K’ara K’ara y Tipuani.
”El primer trimestre de la gestión 2025, supera casi el 100% del mismo periodo de la gestión 2024, año donde solo se habían registrado 103 hechos de conflictividad, pero esta gestión superamos las 200”, indicó el Defensor del Pueblo.
Especificó que de los más de 200 casos, 74 se reportaron en La Paz, seguido de Santa Cruz con 44; en Potosí, 25, Cochabamba con 13, Beni con 12 hechos de conflictividad; Chuquisaca y Pando, cada uno con 10 casos; Oruro, con 7 y Tarija con 6 casos.
Añadió que dentro de la tipología de conflictividad, se registraron 82 hechos donde la mayor de las razones fue por temas económicas que tienen que ver con necesidades como la falta de combustible, falta de divisas y el encarecimiento de productos de primera necesidad. En tanto, dentro de la tipología de la necesidad, 21 fueron por salud, 28 por educación, 18 por derecho al trabajo, entre otros.
“Nosotros, al momento de presentar el informe, hacemos una evaluación de la labor que tiene el Gobierno en torno a la gestión de la conflictividad, entendemos que hay la necesidad de optimizar la gestión de conflictos, porque no se puede permitir que las demandas lleguen a las acciones de hecho, la idea es que se gestionen con anticipación para evitar llegar a los conflictos”, sostuvo.
Considera que los conflictos sociales son emergentes de demandas no atendidas oportunamente, las mismas que deberían realizarse de forma adecuada y oportuna.
