“Hay una cadena de responsables”, dice concejal tras fallo del TCP que reconoce propiedad del terreno del Mutualista a la familia Crapuzzi
La concejal de CA, Lola Terrazas, dijo que el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández no activó de forma inmediata un proceso cuando privados impugnaron la legalidad de una ley sobre el Mutualista. “Hay funcionarios que le mienten a los cruceños”, sostuvo.
La concejal de Comunidad Autonómica (CA), Lola Terrazas, consideró que la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la propiedad del terreno del mercado Mutualista a favor de Miguel Crapuzzi, es un golpe a la seguridad jurídica de la propiedad privada y de los bienes públicos.
“Aquí se demuestra que hay una red de personas que le entiende y sabe cómo corromper las instituciones públicas”, sostuvo a tiempo de indicar que en esta situación hay una cadena de responsables, desde ciudadanos que estaban en función pública y que ahora están desde la ciudadanía.
El sábado 7 de diciembre se conoció que la sala tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió una sentencia que desconoce el derecho propietario del municipio de Santa Cruz de la Sierra sobre los predios del mercado Mutualista y ordena que se extienda el plano de uso de suelo y certificado catastral en favor de Nelson Miguel Crapuzzi.
Este lunes Terrazas indicó que la población debe reconocer que primero el mercado se incendia, en el 2022, y después vía amparo constitucional y con “papeles prefabricados” una familia reclama un supuesto derecho propietario sin declaratoria de herederos.
“Estos papeles prefabricados desde origen estaban para que este caso sea iniciado en el municipio de Roboré, así dice el poder que aprobó a favor de sus abogados Crapuzzi”, señaló.
Añadió que los abogados iniciaron el proceso en Pailón; sin embargo, luego se rehúsa porque ninguno de los interesados vivía en el municipio. Ante ello, la juez derivó el caso a la Sala Constitucional Tercera.
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“Hasta aquí tenemos tres responsables de armas este caso para quitarle estos bienes a los cruceños y al Estado”, sostuvo a apuntar a los juzgados de Roboré, Pailón y a la Sala Constitucional Tercera por aceptar inicialmente este caso.
Explicó que el siguiente paso en este proceso fue que la Comisión de Planificación del Concejo cruceño, en ese momento precedida por los concejales Miguel Fernández, Juan Carlos Medrano y José Quiroz, reciben en audiencia pública a quien alega propiedad del precio del Mutualista y luego hacen preguntas al ejecutivo. “Fueron preguntas muy premeditadas, por ejemplo, preguntan si el Concejo había indemnizado estos bienes de expropiación, cuando ni siquiera se investigó si el municipio los había comprado o no (estos predios)”, sostuvo.
Añadió que en responsabilidad de las autoridades “hay funcionarios del ejecutivo municipal que le mienten a los cruceños, le mienten a la Justicia para beneficiarse ellos mismos cuando dicen que el municipio no tenía derecho propietario”.
En esta línea indicó que en primer lugar de responsabilidad está en alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, quién, según Terrazas, tenía la certeza de que estaban impugnando la Ley Municipal 417, que declara el terreno del Mutualista como bien público y no activó ningún recurso ni demanda para defender la titularidad del predio. “Se fueron por los gajos para quitarle a los cruceños este bien que cuesta más de 100 millones de dólares”, denunció.
Terrazas señaló que la comisión de Planificación del Concejo entregó a Crapuzzi un plano sepia del terreno en disputa, pero este no existe en registros municipales. “¿Quién les dio (a los concejales) ese plano sepia donde hay escrito con lapicero azul...?. Aquí se demuestra que esta cadena de responsabilidades, esta red que está lucrando con este caso ha perforado todo principio de ética y de respeto al orden constitucional por una causa mayor, esta red tiene un amor desmesurado al dinero, todo vale por el dinero y están destruyendo la institucionalidad”, sostuvo a tiempo de lamentar que esta situación es un precedente para que otras personas reclamen otros predios públicos.
