Tribunal Agroambiental dicta de oficio medidas cautelares contra incendios forestales y urge declarar desastre en el Parque Noel Kempff Mercado
En la audiencia del viernes se ratificó la vigencia de la “pausa ambiental” para la protección del jaguar y su hábitat, y se reiteró la necesidad de declarar desastre en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado.


El Tribunal Agroambiental determinó este viernes tres medidas cautelares de oficio durante la Audiencia de Medidas Cautelares, Preventivas y Precautorias contra los incendios forestales.
El tribunal detalló que tienen “el objetivo de proteger la Madre Tierra y salvaguardar los derechos colectivos frente a la emergencia ambiental que atraviesa el país”.
La audiencia sobre medidas cautelares contra los incendios forestales se reinstalará el lunes 8 de septiembre, sin embargo, el tribunal dispuso que estas medidas se ejecuten de oficio, pese a los incidentes y recursos aún pendientes de resolución, reseña un boletín de Tierra.
Las disposiciones adoptadas son las siguientes:
Atención inmediata a incendios forestales. El nivel central del Estado, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, deberá atender con carácter de urgencia la sofocación de los incendios forestales en tierras fiscales no disponibles y en las áreas protegidas administradas por el SERNAP, coordinando las acciones necesarias ante el inminente peligro en diferentes regiones del país.
Transparencia en el uso de recursos. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas deberá informar sobre la asignación de recursos antes de la admisión y en el marco del Decreto Supremo que declaró la emergencia nacional, así como de la cooperación internacional recibida. Además, se ordena al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a la ABT, al BIDESI, al SERNAP y a los gobiernos autónomos departamentales y municipales correspondientes, remitir sus Planes Operativos Anuales (POA), presupuestos institucionales aprobados y su ejecución presupuestaria vinculada a la prevención de riesgos por incendios forestales.
Investigación de delitos ambientales. En aplicación del principio de prevención y en defensa de la Madre Tierra, se exhorta a la Fiscalía General del Estado instruir a las fiscalías especializadas el inicio de investigaciones de oficio por los delitos de acción pública vinculados a los incendios forestales, garantizando la celeridad y prioridad en estos procesos. Asimismo, el Ministerio Público deberá remitir a la jurisdicción agroambiental los antecedentes de los casos en trámite, en el marco de la cooperación interinstitucional.
Audiencia
Durante la audiencia, el Tribunal estableció un cuarto intermedio hasta el próximo 8 de septiembre, dentro del proceso impulsado por la demanda ciudadana en defensa de la Amazonía y el Chaco Boliviano, a la espera de la información requerida a diversas instituciones, cita un boletín institucional.
En la oportunidad se ratificó la vigencia de la “pausa ambiental” para la protección del jaguar y su hábitat, y se reiteró la necesidad de declarar desastre en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, considerando que la declaratoria de emergencia nacional resulta insuficiente frente al incendio que afecta a la meseta de Caparuch desde el 5 de agosto y que hasta la fecha no ha sido sofocado.
Actores
Como parte del proceso, el viernes se convocó a una audiencia pública de fundamentación oral, a la que se citaron a las autoridades de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) en cuyas jurisdicciones se han identificado focos de calor; a las autoridades ambientales competentes del nivel central, representantes de la sociedad civil, activistas ambientales, defensores del medio ambiente, entre otros.
La decisión fue informada en la audiencia realizada en Sala Plena, donde se dio lectura a los recursos interpuestos en las últimas semanas, sesión en la que participó la Fundación Tierra, en calidad de amigos de la corte (Amicus Curiae).
El Tribunal determinó que ninguno de los incidentes puede suspender la aplicación de medidas de protección, en virtud del artículo 315 de la Ley 439, que establece que las medidas cautelares ambientales deben ejecutarse de oficio frente a un peligro inminente.
“Se trasladó todos los incidentes, excepciones y recursos que hubieran sido presentados a la fecha, a la parte actora y terceros interesados para que asuman el derecho a la defensa en el plazo legal de tres días hábiles que vence el día miércoles, el próximo miércoles. Por tanto, se va a decretar un cuarto intermedio de esta audiencia para el día lunes 8 de septiembre”, señaló el presidente del Tribunal Agroambiental, Cristian Méndez.
“No obstante de ello, también a partir de la fecha se notifique formalmente desde el día lunes con la resolución de medidas cautelares de oficio, que han sido determinadas por este Tribunal y que también han sido dadas lectura conforme el artículo 315 de la ley 439, que establece que las medidas cautelares se decretarán sin audiencia de la otra parte. Ningún incidente ni observación planteadas por la o el cautelado con la medida podrán impedir su ejecución”, añadió.
Explicó en ese marco que desde “el lunes se inicia la fase de ejecución de estas medidas cautelares que fueron decretadas de oficio ante la existencia de peligro inminente” y dijo que “4,4 millones de hectáreas que actualmente están generando incendios y una catástrofe ecológica en Bolivia”.
El Tribunal recordó que la decisión se sustenta también en el Acuerdo de Escazú (Ley 1182 de 2019), que faculta a los Estados a decretar medidas provisionales y precautorias para cesar o mitigar daños ambientales graves. En este caso, la motivación es la emergencia nacional que representan los incendios que ya afectan a más de 4,4 millones de hectáreas en el país.
La determinación reanuda un proceso iniciado en julio, cuando en una acción histórica la Sala Plena admitió la demanda de medidas cautelares, preventivas y precautorias contra los incendios forestales, presentada por un colectivo de defensoras y defensores del medio ambiente. Sin embargo, la aplicación de esas medidas quedó en suspenso hasta la resolución de los recursos legales planteados por distintos sectores, cita un boletín de Tierra.
Con el reinicio de la ejecución, las medidas cautelares entrarán en plena vigencia desde el lunes, y las partes involucradas contarán con tres días hábiles adicionales para responder y plantear nuevas acciones de defensa.