Abogado fue multado por usar Inteligencia Artificial para presentar recurso judicial con normas inexistentes
Una abogado en Colombia fue multado con $us 6.000 por presentar un recurso judicial con normas y sentencias inexistentes que fueron generados con Inteligencia Artificial
La Corte Suprema de Justicia de Colombia multó con 26 millones de pesos (unos 6.000 dólares) al abogado Jorge Hernán Zapata Vargas por presentar un recurso judicial que contenía normas y sentencias inexistentes que fueron generadas con Inteligencia Artificial (IA).
El alto tribunal certificó que ninguna de las sentencias citadas en el texto figuraba en los sistemas oficiales, tras lo cual el propio abogado reconoció que las imprecisiones fueron consecuencia “posiblemente de un programa de Inteligencia Artificial que se trabaja con el fin de agilizar las contestación y tramites (sic)”, según la sentencia, dada a conocer este lunes.
La decisión determinó que el profesional incurrió en “temeridad procesal” al invocar artículos mal citados y precedentes inexistentes en un recurso extraordinario de revisión contra un fallo del Tribunal Superior de Villavicencio.
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La Corte señaló que el abogado incumplió su deber profesional de verificar la autenticidad de las fuentes antes de invocarlas y advirtió que esa obligación es indelegable, incluso cuando se utilizan herramientas tecnológicas.
El fallo alertó además sobre el riesgo de incorporar al proceso judicial lo que denominó “pseudo-derecho”, es decir, contenidos inexistentes que tienen apariencia de jurisprudencia real, y subrayó que los modelos de lenguaje generativo pueden producir información falsa aunque verosímil.
En consecuencia, el alto tribunal ordenó remitir el caso a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá para que determine si el abogado incurrió en una falta disciplinaria y adopte las sanciones correspondientes.
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La decisión constituye una de las primeras sentencias en Colombia sobre la responsabilidad de abogados por el uso indebido de inteligencia artificial en actuaciones judiciales y fija un precedente sobre la obligación de verificar la información generada por estas herramientas.
