Cañeros advierten mora en pagos de YPFB por provisión de etanol; la deuda asciende a $us 10 millones
Desde Concabol señalaron que este retraso repercute en la labor productiva y los cañeros deben buscar recursos por otro lado para no dejar de trabajar, por lo que esperan una respuesta de la petrolera estatal
Según el presidente de la Confederación Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (Concabol), Óscar Alberto Arnez, el Estado adeuda al sector un total $us 10 millones por provisión de etanol que es entregado a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
“Son alrededor de $us 10 millones que están en mora”, sostuvo el ejecutivo en entrevista con Canal Rural y dijo que se espera que se abonen los recursos para que la actividad sectorial no se vea afectada.
Arnez también sostuvo que hasta la semana pasada la deuda estaba en torno a los $us 25 millones, pero el sábado 17 nuevamente se activó la mora y expresó que estos afecta a los productores. “Es como no te paguen el sueldo de un mes”, apuntó.
Por su parte, el presidente de la Unión de Cañeros Unagro (UCU), Beltrán Flores Zurita, manifestó que están a la espera de los pagos de las cuotas pendientes, ya que esos recursos se requieren para comprar insumos, pagar sueldos y mantenimiento de equipos.
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“YPFB, que vende urea, no nos da a crédito; pagamos al contado. Los repuestos de nuestros tractores, de nuestras otras maquinarias, las cosechadoras, de las cargadoras, todo lo compramos al contado, no hay nada a crédito”, señaló Flores.
El ejecutivo también lamentó las fallas en la provisión de diésel para la labor cañera que está en plena zafra y advirtió que esto puede incidir en la producción de etanol que se debe entregar a la petrolera estatal.
UNITEL y Canal Rural elevaron una consulta al área de Comunicación de YPFB para conocer su descargo respecto a esta denuncia, pero hasta el cierre de la presente nota (15:00) no hubo una respuesta.
No es la primera vez que el sector denuncia los retrasos en los pagos, situación que incluso derivó en protestas que fueron atendidas por las autoridades y obligaron a firmar compromisos.