PGE 2025: “Más controles al aparato productivo provocan susceptibilidad y puede generar extorsiones”, advierte la CAO
Desde el sector productivo cierran filas contra la disposición adicional séptima del anteproyecto de ley del PGE 2025 y que contempla decomiso de productos si el Gobierno considera que un precio es alto
Suman voces que rechazan la disposición adicional séptima del anteproyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y ahora fue la dirigencia de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) la que expresó su rechazo advirtiendo que el anuncio de mayor control al aparato productivo genera susceptibilidad y posibles extorsiones en el futuro.
“Hacer más controles, verificaciones e inspecciones ya genera una susceptibilidad del sector y (puede) generar en algún momento a procesos de corrupción donde la gente pueda estar extorsionada”, sostuvo el presidente de la entidad productiva, José Luis Farah.
El ejecutivo señaló que esto fue puesto en manifiesto en una reunión con los ministros de Economía, Marcelo Montenegro; de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores; y de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca.
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La disposición adicional séptima del PGE contempla que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
Además, refleja que todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales, debe contar con una declaración jurada sobre información de producción, transformación y comercialización, conforme a la reglamentación aprobada por resolución biministerial emitida por los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y el de Desarrollo Productivo.
Farah remarcó que el sector productivo no requiere mayores controles, sino celeridad para seguir produciendo alimentos, considerando así que el Gobierno debería enfocarse en dar las herramientas para que la gente del campo cumpla con su trabajo.
Por su parte, el ministro Montenegro manifestó que esta disposición no va en contra de nadie y es un ‘esquema’ para que los productos esenciales lleguen a la población, fuera de toda actividad ligada al agio, a la especulación o al contrabando.
Según el ministro, este tema se tiene que reglamentar y los actores productivos pueden aportar con la experiencia que manejan, por lo que se espera trabajar este tema de manera conjunta. La autoridad evitó referir si esta disposición se va a suprimir o se va a mantener, pero expresó que están realizando labores de socialización de los artículos del anteproyecto de ley.
“Ellos (los ministros) manifiestan que hay intermediarios buenos e intermediarios malos. Entonces, pero también nosotros hemos manifestado, no por los malos, se va a fiscalizar al pueblo de Bolivia y a los buenos que trabajamos y a los buenos que producimos alimentos”, señaló Farah al reiterar el pedido de tener condiciones necesarias para seguir produciendo.