PGE 2025: Si el Gobierno considera que el precio de un alimento es alto, podrá decomisarlo, denuncia diputado
El diputado Miguel Roca cuestionó este aspecto que también proyecta que todo actor de la cadena productiva debe declarar información de producción, transformación y comercialización
El anteproyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 contempla control de precios y decomiso de alimentos a quienes pretendan encarecer los mismos, tema que fue denunciado por el diputado opositor Miguel Roca, disidente de la bancada de Comunidad Ciudadana.
La disposición adicional séptima del documento establece que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
Además, refleja que todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales, debe contar con una declaración jurada sobre información de producción, transformación y comercialización, conforme a la reglamentación aprobada por resolución biministerial emitida por los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y el de Desarrollo Productivo.
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Según Roca, esto implica que el Gobierno va a fijar precios arbitrarios y quien quiera usar otros precios no va a tener ninguna seguridad para mantener su producción o mercancías, lo que implica un atentado flagrante para el aparato productivo.
“El Gobierno dice ‘como voy a generar mucha inflación, voy a obligar a la gente, voy a poner controles de precios’. Y entonces la disposición adicional séptima dice que se autoriza a las entidades competentes, que no sabemos cuáles son, a decomisar y confiscar las mercancías, los artículos que están vendiendo por encima del precio oficial que plantea el Gobierno”, dijo Roca.
Asimismo, el asambleísta contempló esto afecta no solamente al sector primerio, sino a la industria, al comercializador, al transporte y a la gente que se encuentra en el sector informal y que trabaja por su cuenta.
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Toda esta gente tiene muy poca seguridad jurídica y con esto el Gobierno les quiere decir ‘no tienes ninguna seguridad jurídica, no tienes derecho a la propiedad, yo soy el que mando aquí por encima de ti, no me importa cuánto te cuesta producir, si te atreves a vender por encima del precio que yo te doy, te lo quito’”, cuestionó Roca.
En un contacto con UNITEL, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, señaló que han tomado conocimiento de esta situación y que la están analizando con cámaras departamentales para asumir una postura en los próximos días.
Mientras que otras voces del sector privado señalan que esta disposición es peligrosa para los productores y el sector formal de la economía, ya que implica un desincentivo que puede llevar a dejar de producir y por ende elevar los precios de los alimentos, algo que ya se dio en Argentina y fue para peor.
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