¿Qué acciones contemplan los candidatos frente a los avasallamientos de predios privados y áreas protegidas?
Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa dieron su respuesta a este tema en el Foro Agropecuario que se lleva adelante este miércoles en la capital cruceña junto a actores del sector productivo
Durante el Foro Agropecuario realizado este miércoles en Santa Cruz, los candidatos presidenciales Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa coincidieron en rechazar enérgicamente los avasallamientos de tierras privadas y áreas protegidas.
Ante representantes del sector productivo, plantearon endurecer sanciones, modificar leyes y recuperar la institucionalidad para frenar este fenómeno que, según afirman, ya opera como una estructura mafiosa.
Manfred Reyes Villa denunció que los desalojos no son efectivos, pues los invasores regresan al poco tiempo, advirtiendo que detrás de estos actos hay extorsión y mafias amparadas por un Estado débil, por lo que apunta a endurecer las penas con privación de libertad de cuatro a ocho años.
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El candidato de APB – Sumáte propuso penas de cuatro a ocho años de cárcel, la modificación del Código Penal y un compromiso firme para hacer cumplir la ley: “Nunca más avasallar”, sentenció, asegurando que no conoce avasalladores que hayan sido encarcelados hasta ahora.
Por su parte, el candidato de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, calificó el problema como parte de una red delictiva con respaldo policial y protección oficial. Propuso actuar con firmeza y sin contemplaciones: “El primero que lo haga irá directo a Chonchocoro”
Además, Doria Medina planteó enviar señales claras de autoridad y, si es necesario, incorporar leyes adicionales que refuercen la defensa de la propiedad privada como principio no negociable.
Jorge Tuto Quiroga apeló al sentido de justicia y comparó los avasallamientos con una invasión al hogar. Afirmó que la propiedad privada es sagrada y debe ser defendida, al igual que el derecho a trabajar sin bloqueos.
Quiroga planteó sanciones civiles y penales contra quienes promuevan estas prácticas, además de modificar las tipificaciones legales del abigeato y los bloqueos, a los que calificó como formas de atropello disfrazadas de protesta.