Trabajadores demandan a la estatal B-Agro el pago de Bs 7 millones y el Gobierno anuncia auditoría
“Como ministro no voy a instruir ni voy a pagar a un trabajo, un proyecto, que se ha hecho mal que no se tienen resultados”, sostuvo la autoridad del Ministerio de Desarrollo Rural, que tiene bajo su responsabilidad a B-Agro
Más de 150 trabajadores exigen a la estatal B-Agro el pago de Bs 7 millones por el desmonte de 2.200 hectáreas realizado hace más de tres años en las zonas de Quimome y El Tinto. Mientras que el Ministerio de Desarrollo Rural, bajo cuya responsabilidad está la entidad estatal, anunció una auditoría al contrato y descartó autorizar el pago hasta contar con resultados.
“Somos más de 150 familias que somos afectados. Hemos realizado un desmonte de más de 2.200 hectáreas en Quimome, en el Tinto, donde se ha hecho el famoso confinamiento y hasta la actualidad no nos han cancelado”, manifestó Bladimir Eleuterio, representante de los afectados.
Eleuterio señaló que vienen peregrinando desde hace más de tres años y, pese a las reuniones y acuerdos, no hay cumplimiento en los pagos, advirtiendo así una situación crítica entre las familias afectadas.
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Por su parte, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, advirtió que hay un dirigente intercultural que está detrás del tema y quiere cobrar los Bs 7 millones “por un trabajo que no ha realizado”.
“No se han cumplido con las exigencias del Estado y ese contrato actualmente está siendo auditado, hemos instruido una auditoría”, expresó la autoridad. “Yo como ministro no voy a instruir ni voy a pagar a un trabajo o un proyecto que se ha hecho mal, que no se tienen resultados y que sobre todo no tenga una auditoría concluida”, agregó.
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Flores subrayó que si en la auditoría se refleja que sí se han hecho los trabajos, no hay motivos para frenar un pago que corresponde a la empresa y los trabajadores, pero de momento “no vamos a ser parte de una estafa hacia el Estado”.
A su turno, Melisa Rosado, otra representante de la empresa afectada, aseguró que B-Agro emitió facturas por los trabajos sin efectuar el pago, lo que generó una deuda de más de Bs 3 millones con impuestos.