"Abrió todas las heridas": Kast reaviva el dolor de las víctimas de la dictadura en Chile
Santiago, Chile, 12 Nov 2026 (AFP) -
Mara Peñaloza se acostumbró al dolor de perder a su compañero, desaparecido durante la dictadura de Augusto Pinochet. Pero la herida se reabrió cuando el gobierno de Chile liberó a su secuestrador mientras busca reducir programas de derechos humanos.
Antes de asumir el gobierno en marzo, el ultraderechista José Antonio Kast se declaraba un defensor del régimen militar que dejó 3.200 muertos y desaparecidos entre 1973 y 1990.
Ahora se mantiene en silencio, pero actúa.
En las últimas semanas el mandatario presentó proyectos para recortar el presupuesto del plan de búsqueda de esas víctimas y para prohibir al Instituto Nacional de Derechos Humanos iniciar denuncias a favor de los ciudadanos por abusos del Estado.
Su gobierno además redujo las penas de tres agentes de la dictadura condenados por crímenes de lesa humanidad, a los que liberó. Entre ellos, el responsable del secuestro en 1987 del militante izquierdista José Julián Peña, pareja de Peñaloza.
"Abrió todas las heridas nuevamente: el dolor, la angustia, el volver a pensar en cómo murió", dice a la AFP la jubilada de 68 años, con una fotografía de su pareja colgada en su pecho.
Nunca supo su destino. Solo tiene sospechas de que fue lanzado al mar tras ser torturado. El régimen de Pinochet persiguió con ferocidad a sus opositores.
"Con un crimen así, es imposible que alguien pueda quedar en libertad con tal impunidad, con tal liviandad", lamenta, tras enterarse recientemente de su liberación en mayo.
El gobierno no respondió preguntas de la AFP.
- Pocos recursos -
Las rebajas de condenas fueron firmadas por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, cuyo nombramiento despertó las críticas de la oposición desde el inicio del gobierno por sus antiguos vínculos con Pinochet.
El ministro defendió como abogado al exdictador en un caso de presunta malversación de fondos públicos, archivado tras su muerte.
Ahora el gobierno busca reducir en un 27% el presupuesto del Plan Nacional de Búsqueda de desaparecidos, impulsado en 2024 por el expresidente izquierdista Gabriel Boric.
"Los recursos que poseía el Plan Nacional de Búsqueda ya eran muy limitados para la magnitud de la tarea que había que realizar", dijo a la AFP Magdalena Garcés, excoordinadora del área de búsqueda y trayectorias de ese programa.
Un nuevo recorte afectaría, por ejemplo, la implementación de un programa para la digitalización masiva de información, clave para reconstruir lo que ocurrió en casos como el de José Julián Peña.
En la sede de la agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, rodeado de fotografías de víctimas de la dictadura, el activista Álvaro González, advierte que hay "un desmantelamiento en el tema de derechos humanos".
Sobrino de Jorge Ortiz, desaparecido en 1975, González advierte que "empieza a angustiarse un poco" porque las amenazas de Kast a los derechos humanos son "una tras otra".
El mandatario de ultraderecha también propone reducir el presupuesto de los sitios de memoria relacionados con la dictadura, en un 60%.
La Subsecretaría de Derechos Humanos dijo a Radio Biobío que los recortes no implicaban terminar estos programas, sino una "mejor planificación" de los recursos.
- "Un grave peligro" -
El Ejecutivo también presentó un proyecto de ley para impedir presentar denuncias al estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organismo creado en 2009 para defender a la población civil contra crímenes cometidos por el Estado.
Una época especialmente atareada para la institución fue la del estallido social de 2019, en la que por meses miles de personas protestaron por más beneficios sociales.
El INDH presentó 3.247 demandas contra agentes del Estado por presuntos abusos. Una de ellas fue para apoyar a Carlos Astudillo, cientista político de 31 años herido por un militar cuando se manifestaba.
Recibió un disparo en la pierna derecha que le dejó una hemorragia y una fractura expuesta.
"Tengo una movilidad reducida, me tengo que desplazar con bastón, no puedo correr, no puedo saltar", cuenta a la AFP.
Su agresor, un militar, fue condenado a siete años de prisión.
Para el director del INDH, Yerko Ljubetic, quitarles atribuciones implicaría una "neutralización de un organismo autónomo que actúa como contrapeso y límite al ejercicio del poder".
"Este proyecto encierra un grave peligro de retroceso muy relevante", dice.
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