Bruselas rebaja exigencias de la ley de deforestación a las pymes y retira el cuero
Bruselas, 4 may (EFE).- La Comisión Europea propuso este lunes nuevas simplificaciones en la ley europea contra la deforestación para reducir los costes administrativos para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y sugirió retirar el cuero y los neumáticos recauchutados del ámbito de aplicación de la normativa.
La revisión de la legislación, que en la pasada legislatura fue uno de los estandartes del Pacto Verde Europeo, llega tras dos prórrogas de un reglamento aprobado en 2023, entre fuertes presiones para rebajarla y en un clima de retroceso de las políticas verdes.
El Ejecutivo comunitario cree que en conjunto ha reducido un 75 % los costes administrativos para las firmas sujetas al reglamento y Bruselas insiste en que no está modificando de nuevo la legislación, sino que aplica una revisión ya prevista cuando hace seis meses se diluyó por última vez el impacto de la normativa.
"La Comisión no está reabriendo el reglamento. Presentamos nuevas medidas de simplificación, pero todo ello dentro de los límites de la legislación existente, tal como fue adoptada en diciembre del año pasado, porque ahora queremos priorizar realmente la estabilidad jurídica, la claridad y la previsibilidad", subrayaron fuentes europeas.
Objetivo: frenar la tala de árboles
El reglamento contra la deforestación importada busca impedir que el consumo europeo, responsable de un 10 % de la deforestación mundial, siga contribuyendo a la destrucción de bosques en terceros países, y también dentro de la UE pues la normativa es idéntica dentro del mercado comunitario.
Para ello, obliga a las empresas que introducen en el mercado comunitario materias primas como cacao, café, soja, aceite de palma, madera, caucho o ganado -así como algunos de sus derivados- a demostrar, mediante sistemas de trazabilidad y geolocalización, que no proceden de terrenos deforestados o degradados.
Desde su aprobación, sin embargo, el reglamento ha sido objeto de críticas por parte de empresas y de países productores -como Brasil, Paraguay, Estados Unidos, Malasia o Indonesia- que alertaban de su complejidad y de los costes de cumplimiento y, en el ámbito político, ha sido criticada por las formaciones de ultraderecha y de centroderecha.
También ha recibido el apoyo de grupos ecologistas, de la comunidad científica y de empresas comprometidas con la normativa, como Nestlé, Mars, Ferrero o Danone.
Todo ello llevó a Bruselas a introducir ya una serie de flexibilidades, como el aplazamiento de su entrada en aplicación hasta diciembre de 2026 para grandes empresas y junio de 2027 para pequeñas, así como la simplificación de las obligaciones para micro y pequeños operadores primarios.
Dentro de esos retrasos que fueron diluyendo la normativa, en un clima político más reacio a la legislación medioambiental, el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo llegaron a un acuerdo a finales de 2025 que recortaba el alcance de la ley excluyendo, por ejemplo, ciertos productos impresos como los libros.
También se encargaba a la Comisión que presentara antes de abril de 2026 un informe sobre el impacto de la norma y su carga administrativa, especialmente para las pequeñas empresas.
En ese contexto se inscribe el paquete presentado ahora, que incluye cambios en el alcance de la normativa mediante un acto delegado, ajustes técnicos y orientaciones.
Novedades
Entre las principales novedades figura la exclusión del cuero, pese a su vínculo con la deforestación, una decisión que Bruselas justifica por la complejidad de su cadena de valor, la dificultad de trazabilidad y el riesgo de generar distorsiones competitivas frente a productos importados que no están cubiertos por la norma.
También se propone excluir los neumáticos recauchutados, es decir, aquellos reutilizados mediante la aplicación de una nueva capa de caucho, mientras que se amplía el alcance a productos como el café soluble o ciertos derivados del aceite de palma.
Además, la Comisión ha aclarado que los operadores que intervienen en fases posteriores de la cadena de suministro tendrán una obligación "pasiva" de conservar la documentación, sin necesidad de investigar activamente a sus proveedores, en un intento de reducir la carga burocrática.
El Ejecutivo comunitario subraya que el conjunto de ajustes adoptados desde 2023 permitirá reducir en torno a un 75 % los costes administrativos para las empresas respecto al diseño inicial del reglamento, sin alterar sus objetivos medioambientales.
Bruselas también defiende que, pese a no haber empezado aún a aplicarse, la normativa ya está teniendo efectos en las cadenas globales de suministro, con mejoras en trazabilidad y preparación en terceros países.
El paquete deberá ahora pasar por consulta pública antes de su adopción definitiva, con el objetivo de garantizar una aplicación "fluida y eficaz" de la ley a partir de finales de 2026. EFE
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