Cámara Alta alemana aprueba tobillera electrónica para agresores según el ejemplo español
Berlín, 12 jun (EFE).- La Cámara Alta del Parlamento alemán adoptó este viernes una ley que establece de forma uniforme en toda Alemania el uso de la tobillera electrónica para los agresores y acosadores, a fin de proteger mejor a las mujeres víctimas de violencia doméstica, siguiendo el modelo español.
La medida, que pasó en el Bundesrat, que reúne a los 16 Estados federados del país, el último trámite, responde al incremento de la violencia doméstica, especialmente contra las mujeres, registrado en los últimos años.
Según el Gobierno federal, cada año se contabilizan más de 250.000 casos.
La ley pretende reforzar principalmente la protección civil prevista en la Ley de Protección contra la Violencia, con el objetivo de prevenir la violencia doméstica y sancionar de forma más eficaz las infracciones.
Siguiendo el modelo ya aplicado en España, los juzgados de familia podrán obligar en el futuro a los agresores a llevar una pulsera electrónica de vigilancia en los casos de alto riesgo.
Según la exposición de motivos de la ley, la víctima ya no tendrá que informar de esta manera personalmente a la policía cuando el agresor incumpla una orden de protección.
Los acercamientos no autorizados podrán detectarse de forma temprana y el centro de supervisión podrá activar medidas de protección a tiempo, por ejemplo, contactando directamente con el agresor o alertando a la comisaría más cercana.
Para facilitar esta comunicación, también podrá exigirse a los agresores que lleven consigo un teléfono móvil operativo.
La imposición de la vigilancia electrónica no dependerá del consentimiento de la víctima, pero las personas afectadas por violencia doméstica podrán recibir, si lo desean, un dispositivo complementario que les avise cuando el agresor se acerque.
Además, el centro de coordinación podrá establecer una "zona de alerta" más amplia que la zona de prohibición, permitiendo notificaciones automáticas anticipadas y una protección más eficaz de las víctimas, tal como había propuesto el Bundesrat en su dictamen aprobado en enero.
La ley también permite a los juzgados de familia obligar a los agresores a participar en cursos de formación social, como programas contra la violencia, o a recibir asesoramiento en materia de prevención de la violencia.
Asimismo, los tribunales podrán solicitar información del registro de armas.
Por otra parte, la pena máxima de prisión por incumplir las medidas de protección se elevará de dos a tres años. EFE
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