Caso Neves: la relación con un contratista agrieta la confianza en el Gobierno portugués
Lisboa, 26 jul (EFE).- La relación del ministro portugués de Administración Interna, Luís Neves, con un contratista que trabajó para la Policía Judicial (PJ) durante su etapa como director del ente ha abierto una crisis de confianza en el Gobierno conservador del primer ministro Luís Montenegro, que mantiene por ahora su respaldo al titular de una de las principales carteras de Estado.
El caso estalló cuando el semanario 'Nascer do Sol' reveló que Neves había encargado la reforma de una propiedad familiar en Odemira a Construbarcelos, empresa que recibió cerca de 1,9 millones de euros en contratos de la PJ entre 2020 y 2025.
Neves, director nacional de la policía entre 2018 y febrero de 2026, admite que entabló amistad con el propietario de la constructora, João dos Santos Carvalho, pero sostiene que lo conoció en 2023, cuando ya se había adjudicado alrededor del 70 % del valor de los contratos.
El ministro asegura que no intervino en la selección de las empresas, niega cualquier trato de favor y ha divulgado una relación de 108 facturas de las obras particulares.
La polémica adquirió otra dimensión cuando un semirremolque pesado incautado en 2024 en una operación contra el tráfico de drogas apareció en las instalaciones de Construbarcelos, enganchado a un camión de la empresa.
La Policía Judicial investiga quién autorizó el traslado del semirremolque desde las dependencias policiales del Seixal, mientras las últimas informaciones de la prensa portuguesa indican que no ha sido localizada una orden documental.
En la constructora también se encontraron bidones con acetona y otros productos químicos intervenidos en la misma operación antidroga. No eran estupefacientes, pero estaban bajo custodia policial después de ser incautados en el desmantelamiento de un laboratorio de procesamiento de cocaína.
El Ministerio Público abrió una investigación sobre el destino de esos bienes y decidió, por el momento, no delegarla en ningún órgano policial.
A las dudas sobre los contratos y los bienes incautados se añadió la información del Tribunal Constitucional de que no constan declaraciones de patrimonio, rendimientos e intereses de Neves correspondientes a varios años posteriores a su nombramiento al frente de la PJ.
También se ha publicado que no declaró inicialmente Alcampus, una empresa de turismo y alojamiento vinculada a su esposa que efectuó los pagos de las obras realizadas por Construbarcelos.
Ninguno de estos hechos demuestra en sí la comisión de un delito, pero su acumulación y la demora del ministro en ofrecer explicaciones detalladas han trasladado el caso del terreno personal al institucional.
Respaldo del Gobierno y presión de la oposición
Neves afirma estar "absolutamente tranquilo" y promete responder "punto por punto", aunque todavía no ha fijado una fecha.
Montenegro aseguró en el Parlamento que conserva "plenamente" su confianza en el ministro y afirmó que no había cometido ninguna ilegalidad ni perjudicado el interés público.
Otros miembros del Gabinete también han cerrado filas. La ministra de Justicia, Rita Alarcão Júdice, considera que Neves está gestionando el caso de la mejor manera posible; el ministro de Infraestructuras, Miguel Pinto Luz, ha elogiado su capacidad de liderazgo; y el titular de la Presidencia, António Leitão Amaro, ha defendido la confianza del Ejecutivo en la Policía Judicial.
En la oposición, Chega exige la destitución de Neves y ha anunciado una comisión parlamentaria de investigación sobre sus mandatos al frente de la PJ, que podrá imponer gracias a sus 60 diputados.
En tanto, el Partido Socialista aguardará las explicaciones del ministro, aunque su secretario general, José Luís Carneiro, ha advertido de que "el silencio es enemigo de la transparencia".
El futuro político del ministro depende ahora en gran medida de que pueda acreditar que no favoreció a Construbarcelos, que las obras particulares fueron pagadas en condiciones normales y que el traslado de los bienes incautados contó con una autorización legal. EFE
mf/mra