Consejo de Europa defiende el derecho de los Estados a controlar la entrada de migrantes
Moscú, 15 may (EFE).- Los ministros de Exteriores del Consejo de Europa defendieron este viernes el derecho de los Estados a controlar la entrada y estancia de los migrantes, y establecieron que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sólo debe intervenir en última instancia cuando los derechos del individuo no son garantizados.
"Los países firmantes tienen el innegable derecho soberano a decidir y controlar la entrada y residencia de ciudadanos extranjeros en su territorio", señala la declaración política aprobada durante la reunión del comité de ministros celebrado en Chisinau, capital moldava.
Según el documento, cada Estado puede permitir el acceso a su territorio "sólo de aquellas personas que cumplan con los requisitos legales relevantes".
Eso sí, dicho derecho a aprobar políticas migratorias y a proteger sus frontera debe ir "en consonancia" con la Convención Europea de Derechos Humanos.
"La mayoría de los migrantes que residen legalmente en los países contribuyen positivamente a las sociedades receptoras. Los derechos y libertades fundamentales de los migrantes deben ser respetados y protegidos de acuerdo con el principio de no discriminación", subraya.
Además, destaca que el tribunal de Estrasburgo sólo puede intervenir "después de que todos los recursos nacionales hayan sido agotados".
Para evitar abusos, la declaración insta a los gobiernos a "clarificar" los marcos legales para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos contemplados por los artículos 3 y 8 de la convención, que algunos países exigen reinterpretar.
En relación con el primero, subraya la prohibición "absoluta" de la tortura y el trabajo degradante. Sobre el artículo 8, respeta el derecho de los Estados a expulsar a un extranjero, aunque siempre que se mantenga un equilibrio entre los derechos individuales y el bien público del país receptor.
Los ministros reconocen que la llegada masiva de migrantes representa un "complejo desafío", especialmente para los países fronterizos con otros continentes, pero la respuesta de los firmantes debe centrarse en mejorar la cooperación para prevenir la migración irregular y el tráfico de personas, al tiempo que se promueve el retorno de esas personas a sus lugares de origen.
También denuncian la "instrumentalización" de la migración por parte de países "hostiles", que nunca debe poder minar las sociedades europeas, y abogan por el concepto de "democracia capaz de defenderse a sí misma".
Algunas organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han alertado de que cualquier cambio en la interpretación de la Convención puede acarrear riesgos para aquellos migrantes que huyen de la guerra y la persecución étnica.
Mientras, los partidarios de políticas migratorias más severas aseguran que, según Eurostat, decenas de miles de extranjeros han permanecido en Europa pese a haber recibido la orden de regresar a sus países.
Aducen que el problema radica en la imposibilidad de la expulsión física de todos los migrantes en situación irregular, por lo que proponen crear centros de retorno en países de África y de Asia como solución al problema.EFE
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