Declaraciones de la presidenta de Costa Rica sobre Nicaragua encienden la polémica
San José, 16 jun (EFE).- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, abrió una polémica con unas declaraciones sobre el Gobierno de Nicaragua, que han sido rechazadas por figuras políticas y organizaciones no gubernamentales que las consideran una forma de legitimar violaciones a derechos humanos y el autoritarismo en el país vecino.
El pasado 13 de junio la mandataria dijo al medio internacional NTN24 que los nicaragüenses tienen "la forma de Gobierno que han elegido tener", lo que contrasta con la posición de diversos Gobiernos y organismos internacionales que han señalado al Gobierno de Daniel Ortega, en la presidencia desde 2007, de violar sistemáticamente los derechos humanos de su población y de incurrir en procesos electorales fraudulentos.
El expresidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís (2014-2018) calificó este martes las declaraciones de Fernández como "desafortunadas", "muy graves" y hasta "insólitas", pues las violaciones a los derechos humanos han sido "certificadas por organismos independientes, incluida las Naciones Unidas".
"Pareciera desconocer o por lo menos minusvalorar las condiciones del régimen político que impera en Nicaragua. Pasa por encima de la dictadura sin reconocer la naturaleza despótica, violenta, violatoria de todos los derechos humanos; que ha perseguido, matado y torturado, en fin, todas las barbaridades imaginables incluidas las desapariciones y la eliminación de la ciudadanía" a opositores, dijo Solís a EFE.
El expresidente agregó que: "Pretender que el Gobierno actual de Nicaragua es un Gobierno escogido por los nicaragüenses, como ella lo dice, no es de recibo" y añadió que "la dictadura ha sido reiteradamente culpable de llevar adelante gravísimas elecciones fraudulentas, espurias" y que se trata de "un régimen surgido de la violencia que se sostiene a sangre y fuego".
Por su parte, el Servicio Jesuita para Migrantes en Costa Rica publicó un comunicado en el que señala que las declaraciones de Fernández "contradicen el consenso ampliamente documentado de la comunidad internacional y la realidad de miles de personas".
"Rechazamos que se relativice o legitime la crisis vigente en Nicaragua y el autoritarismo que sigue empujando a las personas al desplazamiento forzado", expresó el Servicio Jesuita, que añadió que "minimizar la crisis nicaragüense no es neutralidad ni pragmatismo" sino "una profunda contradicción con los principios costarricenses".
"Restricciones constantes a los derechos humanos"
El abogado Salvador Marenco, defensor del Colectivo Nicaragua Nunca Más, afirmó que desde el 2007, cuando Ortega llegó al poder, los nicaragüenses están "inmersos en restricciones constantes a los derechos humanos" y que a partir del 2008 han habido elecciones "fraudulentas" tanto municipales como presidenciales.
"Desde el año 2018 las violaciones a derechos humanos, que ya eran sistemáticos, escalaron a crímenes de lesa humanidad", aseveró al reseñar acciones represivas del "régimen tiránico" de Ortega que provocaron "uno de los mayores exilios o desplazamientos de la historia" del país.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.
Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y "traición a la patria".
Las declaraciones de Fernández también han sido criticadas por figuras de la oposición costarricense, exiliados nicaragüenses y la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla.
Chinchilla reseñó que la "dictadura" de Ortega es responsable de "más de 350 asesinatos, más de 120 casos de desaparición forzada, más de 1.000 opositores detenidos, más de 5.000 organizaciones de la sociedad civil clausuradas; decenas de universidades cerradas; y represión transnacional documentada, que incluye el vil asesinato en territorio costarricense de Roberto Samcam (mayor retirado del Ejército y abierto crítico de Ortega)". EFE
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