El departamento del Cauca, una zona crítica del conflicto armado colombiano
Bogotá, 27 abr (EFE).- La escalada de violencia en el departamento colombiano del Cauca a poco más de un mes de las elecciones presidenciales del 31 de mayo pone de relieve la situación de inseguridad en esa región del suroeste del país donde se han hecho fuertes los grupos armados ilegales.
El peor ataque fue perpetrado el pasado sábado por presuntos disidentes de la antigua guerrilla de las FARC que lanzaron un cilindro lleno de explosivos en un tramo de la Vía Panamericana, matando a 20 civiles que circulaban por esa carretera mientras que varias decenas resultaron heridos.
El Cauca, situado entre la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, sufre desde hace más de medio siglo la violencia del conflicto armado y ni siquiera el acuerdo de paz de 2016 cambió esa situación, agravada en los últimos años por el fortalecimiento de las disidencias.
La siguiente es una relación de los factores que inciden en la violencia.
1. Viejos conflictos
Según la Comisión de la Verdad colombiana, en el Cauca "se concentran tres factores que hacen que la violencia y el conflicto persistan en este territorio: el despojo de la tierra, las economías ilegales (narcotráfico) y las alianzas entre las distintas fuerzas políticas y armadas".
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) señaló en un reciente informe que el Cauca, en especial el norte y el Cañón del Micay, están entre las diez "zonas críticas en seguridad" del país.
"Estas zonas críticas reflejan la expansión y la consolidación de formas de gobernanza criminal por parte de grupos armados. Han creado nuevas estructuras, reactivado corredores de movilidad, incorporado el uso de drones y aumentado el control sobre las comunidades mediante reclutamiento, amenazas, confinamiento, asesinatos y desplazamientos", señaló Gerson Arias, investigador asociado de la FIP.
2. El territorio
En el Cauca, con una extensión de 29.308 kilómetros cuadrados y más de 1,5 millones de habitantes, se dan desde la época de la Colonia disputas entre indígenas, comunidades negras y terratenientes que se apropiaron de tierras para convertirlas en latifundios, conflictos que siguen vivos.
A eso suma el fortalecimiento de grupos armados ilegales, como distintas facciones de las disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales que se disputan corredores estratégicos para sacar al Pacífico la cocaína producida y para explotar ilegalmente minas de oro con un inmenso daño ambiental.
3. Las disidencias
De los grupos ilegales que operan en el Cauca, las disidencias de las FARC son las que más se han fortalecido, aprovechando los frustrados diálogos de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, según sus críticos.
El Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las FARC, formado por frentes de esa guerrilla que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016, aunque llegaron a sentarse a la mesa de diálogos con el Gobierno de Petro, es hoy el principal factor de violencia e inestabilidad en el Cauca.
El EMC opera en ese departamento con cinco grupos o frentes: el Jaime Martínez, el Dagoberto Ramos, el Carlos Patiño, el Andrés Patiño y el Rafael Aguilera, según el centro de investigación Insight Crime.
Al Jaime Martínez le atribuye el Ejército el sangriento atentado del sábado y, según Petro, el jefe de esa facción, Iván Idrobo Arredondo, alias Marlon, está "plenamente identificado por la inteligencia policial y militar".
4. Los más buscados
Ante el creciente poder de las disidencias en el Cauca, el Ministerio de Defensa ha reforzado la presencia militar en ese departamento y ofrece millonarias recompensas por sus cabecillas.
En ese sentido, los más buscados son el jefe del EMC, Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, y alias Marlon, por quienes se ofrecen recompensas de hasta 5.000 millones de pesos (unos 1,4 millones de dólares).
5. Civiles, las principales víctimas
Quienes más sufren la violencia en el Cauca son los civiles, atrapados casi a diario entre el fuego cruzado, como lo demuestra el hecho de que los 20 muertos en el ataque en la Panamericana eran en su mayoría campesinos que iban al pueblo de Cajibío a llevar sus productos al mercado.
En 2023 la Defensoría del Pueblo ya advertía que la disputa entre el ELN y las disidencias por el control de municipios en el Cauca y el Valle del Cauca ponía "en alto riesgo a la población civil" y alertaba de peligros "para la vida y seguridad de los habitantes de esas regiones".
Por eso, el jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Miroslav Jenca, al condenar el ataque del sábado, hizo "un llamado urgente a los grupos armados al desescalamiento de la violencia y al respeto a la población civil". EFE
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