El Supremo español rechaza paralizar cautelarmente la regularización de inmigrantes
Madrid, 22 may (EFE).- El Tribunal Supremo de España rechazó este viernes paralizar de forma cautelar la regularización extraordinaria de inmigrantes que está llevando a cabo el Gobierno, como habían solicitado la Comunidad de Madrid y el partido de extrema derecha Vox, entre otros demandantes.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal tomó esta decisión después de celebrar hoy mismo cinco vistas en las que escuchó los argumentos del Ejecutivo y los cinco solicitantes (el Gobierno regional madrileño, Vox y tres organizaciones de corte conservador, que habían pedido paralizar el programa.
Este real decreto español para la regularización masiva entró en vigor el 16 de abril con el objetivo de dar permiso de residencia y trabajo a unas 500.000 inmigrantes que hayan residido en el país al menos cinco meses antes del pasado 1 de enero.
Hasta el jueves, el Ejecutivo español había recibido 549.596 solicitudes, de las que 91.505 han sido admitidas a trámite, lo que significa la concesión de una primera autorización provisional para residir y trabajar en España.
Según adelantó la Sala Tercera tras más de tres horas de deliberaciones, el Supremo rechazó admitir a trámite los recursos de las asociaciones civiles al considerar que no están legitimadas para impugnar la medida ante la Justicia, y aunque sí admitió la legitimación de Vox y la Comunidad de Madrid, rechazó la suspensión cautelar del real decreto que solicitaban.
Los argumentos concretos del tribunal se conocerán en los próximos días al notificarse los respectivos autos.
Fuentes de la asociación ultraconservadora Hazte Oír, uno de los demandantes, informaron que recurrirán tanto esta decisión como la denegación de la medida cautelar "por el grave riesgo que entraña el que no se admita esta medida con urgencia".
Los demandantes argumentaban que el decreto aprobado es contrario al derecho nacional y europeo, y sostenían que podría provocar un colapso de los servicios públicos como la sanidad, un aumento del gasto público e impactar en el censo electoral, alegatos rebatidos por el Ejecutivo.
El Gobierno, a través del abogado del Estado, defendió hoy por su parte que la medida está orientada a la integración de las personas que ya están en España a través de un proceso "especialmente limitado", que tendrá efectos positivos a medio y largo plazo en el crecimiento del PIB, y que no impactará en las próximas elecciones, porque el voto está limitado a los nacionales.
El programa de regularización puesto en marcha por el Gobierno español permitirá a los beneficiados residir y trabajar temporalmente sólo en territorio español, no en el resto de Europa. EFE
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