Hong Kong amplía la lucha contra la "subversión" a escuelas, redes y servicios públicos
Hong Kong, 9 abr (EFE).- El secretario de Seguridad de Hong Kong, Chris Tang, advirtió de que el territorio sigue afrontando cuatro riesgos principales para la seguridad nacional y anunció un refuerzo de las medidas contra la denominada "resistencia blanda", con especial énfasis en el control de mensajes en centros educativos, espacios digitales y servicios municipales.
Según explicó este miércoles a medios locales, las amenazas identificadas incluyen campañas de descrédito promovidas por "fuerzas externas", connivencia entre fugitivos y actores extranjeros, la promoción de actos ilegales vinculados al terrorismo local y acciones de resistencia soterrada dirigidas a "azuzar el odio" contra las autoridades.
El Ejecutivo subraya que, aunque la situación en las calles es de calma desde la entrada en vigor en 2020 de la Ley de Seguridad Nacional, los riesgos persisten, con actores "hostiles" que han desplazado su actividad hacia formas más difusas de oposición.
La legislación, impulsada por Pekín tras las multitudinarias protestas de 2019, ha supuesto la desaparición de la oposición institucional y el desmantelamiento de buena parte del tejido cívico crítico, con líderes prodemocráticos encarcelados, medios cerrados y organizaciones disueltas.
Esto ha restringido la protesta abierta y desplazado el foco oficial hacia expresiones consideradas "subversivas" en los ámbitos social, cultural o digital.
Ante este escenario, Tang detalló que el Ejecutivo desplegará seis líneas de actuación prioritarias para hacer frente a dicha "resistencia blanda".
Entre ellas citó el refuerzo del sistema de inteligencia, la aplicación estricta de la normativa vigente, la refutación sistemática de lo que el Gobierno califica de desinformación, la mejora de mecanismos legales y operativos, el fortalecimiento de la cooperación interdepartamental y la extensión de la educación en materia de seguridad nacional a todos los sectores.
El secretario recordó que la defensa de la seguridad nacional es, a su juicio, una responsabilidad constitucional del territorio y una obligación de todos los empleados públicos, e insistió en que incluso el personal de servicios municipales debe retirar e informar de inmediato de cualquier consigna considerada contraria a la norma. EFE
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