La CIJ decide si Myanmar cometió genocidio contra rohinyá en fallo clave para otros casos
Imane Rachidi
La Haya, 18 nov (EFE).- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictará este jueves su sentencia sobre la demanda presentada contra Myanmar (Birmania) por presuntas violaciones de la Convención contra el Genocidio, un caso que busca establecer si el Estado birmano es responsable de las atrocidades cometidas contra la minoría musulmana rohinyá, y que será clave para casos como los de Gaza.
La decisión se leerá a las 10.00 horas (09.00 GMT) en el Palacio de la Paz de La Haya y será definitiva, sin posibilidad de recurso, y su contenido podría influir en otros casos sobre genocidio, incluido el abierto contra Israel por su última ofensiva militar en Gaza.
La experta en Derecho Internacional de la Universidad de Ámsterdam, Marieke de Hoon, explica a EFE que la Corte deberá examinar no solo si se cometió genocidio, sino también si Myanmar incumplió sus obligaciones de prevenirlo, investigar los hechos y castigar a los responsables, y para ello, será fundamental determinar si existió intención genocida.
"La Corte no tiene muchas oportunidades de precisar el significado de los términos utilizados en la Convención contra el Genocidio", agregó De Hoon sobre la relevancia del fallo.
Iniciado por Gambia
Más de 700.000 rohinyás huyeron a Bangladés en 2017 tras una ofensiva del Ejército de Myanmar en el estado de Rakáin, acompañada de denuncias de asesinatos, violaciones, incendios de aldeas y expulsiones masivas.
Esta minoría musulmana lleva décadas sometida a discriminación y restricciones de derechos, incluida la falta de reconocimiento de su ciudadanía por las autoridades birmanas.
Gambia presentó la demanda ante la CIJ en 2019, con el respaldo de la Organización de Cooperación Islámica, y otros once países intervinieron después en el procedimiento.
El caso no busca juzgar penalmente a militares o dirigentes concretos, sino determinar si Myanmar, como Estado, incumplió sus obligaciones de prevenir y castigar el genocidio.
"Se trata de personas reales, historias reales y un grupo real de seres humanos: los rohinyá de Myanmar. Han sido objeto de un intento de destrucción", declaró el ministro de Justicia gambiano, Dawda Jallow, al abrir las audiencias en enero.
La delegación gambiana sostuvo que las pruebas demuestran una intención de destruir total o parcialmente a los rohinyás y presentó testimonios de supervivientes, que declararon a puerta cerrada por razones de seguridad.
Myanmar rechazó las acusaciones y su representante, Ko Ko Hlaing, defendió que las operaciones militares de 2016 y 2017 respondieron a ataques del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA), al que calificó de grupo terrorista.
"Las investigaciones de Gambia sobre los hechos son rudimentarias y partidistas", afirmó Hlaing, quien reconoció que los enfrentamientos causaron muertos y desplazamientos masivos, pero aseguró que la pandemia, los desastres naturales y la inestabilidad en Rakáin dificultaron sus supuestos intentos de repatriar a los refugiados.
Repercusiones
De Hoon señala que la intención genocida rara vez se reconoce expresamente y que, por tanto, debe demostrarse mediante otras pruebas, como los discursos deshumanizadores, la conducta de los responsables o los patrones de violencia contra la población.
"La posibilidad de demostrar esa intención mediante pruebas circunstanciales ya ha sido reconocida", explica, aunque considera que la sentencia podría aclarar qué factores deben tenerse en cuenta y cómo valorarlos.
Esto también tendría consecuencias para otros procedimientos, especialmente el presentado por Sudáfrica contra Israel ante la CIJ por presunto genocidio en Gaza.
"Muchos genocidios se cometen junto con objetivos militares", advierte de Hoon, quien considera que sería "muy extraño" que la existencia de un objetivo militar excluyera por completo la aplicación de la Convención.
La Corte ordenó en 2020 medidas cautelares para que Myanmar previniera actos de genocidio, protegiera las pruebas y controlara la actuación de sus fuerzas de seguridad.
Human Rights Watch (HRW) considera que la decisión de la CIJ "marcará un momento crucial en la búsqueda de justicia de los rohinyá" y advierte de que "la persecución de los rohinyá continúa" y se requiere apoyo internacional para garantizar su retorno seguro y voluntario.
Reparaciones
Gambia solicita que la Corte declare que Myanmar incumplió la Convención y ordene reparaciones, entre ellas el retorno seguro de los desplazados, la restitución de propiedades y garantías de no repetición.
De Hoon considera que un reconocimiento judicial del genocidio sería importante para las víctimas y permitiría combatir los discursos que niegan las atrocidades, aunque advierte de que la Corte tradicionalmente ha sido reticente a ordenar reparaciones concretas.
"Puedes tener una sentencia, pero no tener un futuro", señala, al recordar que muchos rohinyás siguen sin poder regresar a sus hogares.
También recuerda que la aplicación efectiva de cualquier reparación dependerá de la presión diplomática y política que ejerzan otros países sobre Myanmar.
El fallo establecerá la responsabilidad del Estado, pero no la penal individual de dirigentes o militares, que se investiga en procedimientos separados, entre ellos ante la Corte Penal Internacional (CPI). EFE
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