La Justicia europea avala la ley de amnistía de España porque "facilita la reconciliación"
(Actualiza con el mantenimiento de la orden de detención contra Carles Puigdemont)
Luxemburgo, 16 jul (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio a conocer este jueves la sentencia en la que avaló la ley española de amnistía a los líderes del proceso independentista de la región española de Cataluña, al considerar que su objetivo es la "resolución del conflicto político" para facilitar la "reconciliación".
La "ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña", aprobada en mayo de 2024 en el Congreso de los Diputados español (Cámara Baja), fue una iniciativa pactada por el Partido Socialista (PSOE) y los partidos independentistas catalanes (Junts y ERC) para poder posibilitar la investidura del presidente del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez.
La ley borraba todos los delitos y responsabilidades administrativas y contables vinculados al 'procés' (como se conoce al fallido proceso independentista catalán) y cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, lo que incluye el referéndum ilegal sobre la separación de Cataluña de España que se celebró el 1 de octubre de 2017 (el 1-O).
¿Por qué se pronunciaba el TJUE sobre la ley española?
La sentencia que dictó este jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respondía a las cuestiones prejudiciales que habían planteado a ese órgano europeo dos instancias españolas.
El Tribunal de Cuentas español preguntaba a la justicia europea por la posible responsabilidad contable de los gastos del 'procés', y la Audiencia Nacional de España pedía opinión en relación con el delito de terrorismo por el que se juzga a miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), unos grupos integrados por activistas para desarrollar el referéndum ilegal del 1-O.
La corte, con sede en Luxemburgo, avaló la ley de amnistía española al considerar que busca la "resolución del conflicto político en torno al proceso independentista catalán" para, así, facilitar la "reconciliación".
El TJUE tuvo en cuenta, en este sentido, el respaldo que el Tribunal Constitucional español hizo de la ley de amnistía en la sentencia del 26 de junio de 2026, al considerar que la norma "pretende reducir las tensiones institucionales y políticas generadas por el proceso de independencia de Cataluña y facilitar un escenario de reconciliación".
"Una ley de amnistía requiere de decisiones políticas que son propias de los Estados miembros", continuó el TJUE y, a partir de esta premisa, apoyó el perdón de los delitos de terrorismo por los que la Audiencia Nacional está juzgando a los Comités de Defensa de la República, así como los dos meses que la norma da a los jueces españoles para decidir si deben aplicarla.
Regreso del huido Carles Puigdemont
También resolvió el TJUE la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Cuentas en la causa que está analizando sobre la responsabilidad contable de los gastos del 'procés', que afecta, entre otros, al expresidente regional catalán Carles Puigdemont (huido de España desde 2017) y a su predecesor en el cargo, Artur Mas.
Descartó la corte de Luxemburgo que la amnistía al delito de malversación pueda afectar al presupuesto comunitario porque "no puede considerarse que los intereses financieros de la Unión se vean afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional".
Que el TJUE considere que la amnistía es conforme al derecho comunitario allanaría el regreso de Puigdemont, a quien el Tribunal Supremo español decidió no amnistiarle el delito de malversación. El expresidente catalán presentó un recurso por esa decisión ante el Tribunal Constitucional, órgano que resolverá el recurso en septiembre u octubre.
El Supremo mantiene la orden de detención de Puigdemont
Tras conocerse la sentencia del TJUE, fuentes jurídicas señalaron a EFE que el Tribunal Supremo español mantendrá la orden de detención que pesa sobre Puigdemont, que reside actualmente en Waterloo (Bélgica).
Las mismas fuentes adujeron que el juez Pablo Llarena siempre ha mantenido la orden de detención porque la propia ley de amnistía no puede aplicarse a los delitos de malversación que se hubieran cometido para lograr un beneficio personal de naturaleza patrimonial.
El Supremo consideraba que Puigdemont sí cometió ese delito. Así, desde el Alto Tribunal se mantuvo la orden de detención porque aunque la ley de amnistía fuera conforme al derecho europeo, como ha sentenciado el TJUE, la norma española deja claro que no se aplica a los citados delitos de malversación, insistieron las fuentes jurídicas. EFE
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