La Ley de Equidad Digital, el órdago de Bruselas a los trucos que engañan al consumidor
Bruselas, 11 nov (EFE).- La Comisión Europea propuso este miércoles poner coto a los trucos que empujan a comprar, suscribirse o seguir deslizando el dedo en internet, con una Ley de Equidad Digital (DFA, por sus siglas en inglés) y multas directas de hasta el 6 % de la facturación mundial de las empresas infractoras.
¿Qué es y qué incluye?
La Ley de Equidad Digital convierte en reglamento, directamente aplicable en los Veintisiete, la directiva europea de prácticas comerciales desleales -la norma de 2005 que prohíbe las prácticas engañosas o agresivas con el consumidor- con el fin de adaptar las reglas de consumo a la evolución tecnológica y del comercio en línea.
El comisario encargado de Protección de los Consumidores, Michael McGrath, la definió el martes durante un encuentro con periodistas como "la actualización más importante de la legislación de la UE de protección de los consumidores en más de 20 años".
Prohíbe trucos como las falsas alertas de escasez y las casillas premarcadas, exige mostrar el precio total desde el principio, facilita darse de baja de las suscripciones, veta ofrecer cajas de botín ('loot boxes') a menores y obliga a los 'influencers' a declarar la publicidad que realizan.
También permite desactivar funciones adictivas como el 'scroll' infinito, la reproducción automática de vídeos o las notificaciones ajenas a la actividad del usuario.
La DFA va acompañada de una revisión del reglamento de cooperación con los Estados miembros, que permite a Bruselas investigar y multar directamente, con hasta el 6 % de la facturación mundial, los casos de gran escala.
¿Cómo encaja con las normas digitales comunitarias?
La Comisión presenta la ley como una red de seguridad que complementa la Ley de Servicios Digitales (DSA), que regula las obligaciones de las grandes plataformas, y la Ley de Infancia ('Kids Act'), la propuesta de septiembre sobre la seguridad de los menores en internet.
La Ley de Infancia se centra en servicios de alto riesgo para los niños, como plataformas, servicios de vídeo y 'chatbots', mientras que la DFA "protege a todos los consumidores, incluidos los menores", y se aplicará a todos los operadores de la economía digital, explicó McGrath.
La organización europea de consumidores BEUC apoya la propuesta, que considera una herramienta "muy necesaria" para devolver a los consumidores el control del tiempo y el dinero que gastan en internet
"La propuesta da pasos alentadores contra los patrones oscuros, pero hay omisiones preocupantes en servicios financieros, un sector donde la confianza ya es baja y la gente se arriesga a perder ahorros importantes", afirmó, por su parte, Peter Norwood, de Finance Watch.
Esta organización recuerda que no se prohíbe expresamente ocultar los riesgos de una inversión y que los inversores quedan fuera del derecho a hablar con una persona y de las garantías ante los contratos firmados por inteligencia artificial.
En la Eurocámara, los socialdemócratas lamentan que el diseño adictivo no se prohíba y solo se pueda desactivar, y que no se vete el precio dinámico en algunos casos, mientras que los Verdes hablan de "error histórico" porque esas funciones seguirán activadas salvo que el usuario las apague.
"Un trayecto en coche debe costar lo mismo con independencia de quién seas, de tus datos personales o de la batería de tu móvil", pueso como ejemplo la eurodiputada socialista Laura Ballarín.
¿Qué dicen las empresas?
La patronal tecnológica CCIA Europe advierte de que la ley solapa normas ya vigentes, como la DSA y el reglamento de protección de datos, y crea "un laberinto de aplicación" con varias autoridades supervisando prácticas muy similares.
"Europa ya tiene uno de los modelos de protección del consumidor más fuertes del mundo y no le faltan normas, le falta aplicación", sostuvo también el presidente de la asociación europea de pymes SMEunited, Davide Galli, que calificó de "insignificantes" las medidas de simplificación para las pymes.
Otras, como la española Adigital, celebran que el reglamento permita una aplicación "más homogénea y armonizada" en toda la UE.
La propuesta deberá ser ahora negociada por el Consejo -los países- y el Parlamento Europeo. EFE
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