La visibilidad diplomática de Pionyang contrasta con sus violaciones de DD.HH., dice AI
Seúl, 21 abr (EFE).- Amnistía Internacional (AI) denunció este martes, en su informe anual, que el impulso de las relaciones diplomáticas de Corea del Norte con países aliados contrasta con las violaciones de los derechos humanos de sus ciudadanos, debido a las restricciones impuestas por el hermético régimen.
"Aunque se incrementó la visibilidad diplomática de las autoridades norcoreanas, la población del país seguía aislada, puesto que tanto la libertad de circulación como la posibilidad de relacionarse de forma independiente con actores e instituciones internacionales continuaban restringidas", afirmó AI.
La organización apuntó así a que el líder norcoreano, Kim Jong-un, ha estrechado los vínculos militares y económicos con Moscú y Pekín, tal y como "demostró" el apoyo militar a Rusia en la invasión de Ucrania. También mencionó su participación en eventos conmemorativos como el desfile del Día de la Victoria en China.
Este impulso en los lazos diplomáticos tuvo lugar mientras que Pionyang siguió utilizando en 2025 "la legislación, la vigilancia y las campañas ideológicas para suprimir cualquier contacto con el mundo exterior".
"Prácticamente no existía la posibilidad de acceso a la información exterior", dijo AI, antes de mencionar las interferencias de emisiones de radio y el fuerte control policial.
Las autoridades continuaron también realizando inspecciones casa por casa, sin orden judicial ni aviso previo, en busca de dispositivos o material que fuera "antisocialista". En las escuelas, se expulsó a alumnos en posesión contenidos extranjeros, y en otros lugares de trabajo la dirección debía informar sobre presuntas violaciones.
En este contexto, la detención arbitraria siguió siendo en 2025 un "aspecto fundamental del sistema de control de las autoridades", que mantuvieron recluidas sin juicio ni garantías jurídicas a personas acusadas de delitos políticos. En algunos casos, las detenciones equivalieron a desapariciones forzadas.
Sin embargo, AI indicó que algunas personas que huyeron informaron de leves mejoras en las condiciones de detención y los procedimientos de denuncia, "aunque continuaba existiendo temor por las represalias y, en general, las condiciones seguían siendo duras".
Además, durante el año hubo informes sobre la aplicación de la pena de muerte "por actos que no cumplían el criterio establecido por el Derecho Internacional de ser 'los crímenes más graves'".
A su vez, los procesos judiciales estuvieron marcados por falta de transparencia y a las personas acusadas se les negó las garantías de un juicio justo. También fueron habituales las ejecuciones públicas. EFE
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