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Los rohinyás y la comunidad internacional celebran el fallo de CIJ y exigen que se aplique

Los rohinyás y la comunidad internacional celebran el fallo de CIJ y exigen que se aplique

Redacción internacional, 19 nov (EFE).- La comunidad rohinyá, la oposición birmana, organizaciones internacionales como la ONU y países que albergan a refugiados rohinyá como Reino Unido celebraron este jueves la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que declaró Birmania (Myanmar) responsable de genocidio, y exigieron que se aplique el fallo.

La CIJ declaró este jueves a Birmania responsable de cometer genocidio contra la minoría musulmana rohinyá durante la ofensiva militar de 2017 en el oeste del país asiático y ordenó investigar a los responsables, indemnizar a las víctimas y facilitar el regreso de los desplazados.

La primera sentencia de la historia en la que el CIJ declara a un Estado responsable de genocidio desencadenó una rápida cascada de reacciones internacionales centradas en una misma exigencia: que el fallo no quede como un hito jurídico, sino que se traduzca en justicia efectiva, reparación para las víctimas y rendición de cuentas para los responsables.

Fallo histórico

La reacción más contundente desde el sistema multilateral llegó de la ONU, donde su secretario general, António Guterres, subrayó el valor histórico del fallo y reclamó a Birmania que acate la decisión de la Corte.

"Acojo con satisfacción el fallo dictado hoy por la Corte Internacional de Justicia en la causa Gambia c. Myanmar, que constituye un contundente reconocimiento de las víctimas rohinyás del genocidio", afirmó.

El secretario general defendió que "romper el ciclo de impunidad" y garantizar "la rendición de cuentas" son esenciales para la "reconciliación nacional y una paz duradera" de Birmania.

Guterres reclamó también una reparación adecuada, efectiva y pronta para los rohinyás, incluido su retorno "seguro, voluntario y digno" a sus lugares de residencia y la reunificación de las familias.

Reino Unido expulsa al agregado de Defensa de Birmania

Una de las respuestas más firmes entre los Gobiernos fue la del Reino Unido que expulsó al agregado de Defensa de la embajada birmana y convocó al encargado de negocios tras la sentencia.

Además, el ministro británico de Exteriores, Ed Miliband, pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar el fallo.

El Gobierno británico condenó el trato infligido a los rohinyás por el régimen militar y adelantó que anunciará nuevas medidas para asegurar que los responsables rindan cuentas.

"La Corte ha hablado. Ahora el mundo debe actuar"

Entre las organizaciones rohinyás, la primer reacción fue la de la Organización de Birmanos Rohinyás en el Reino Unido (BROUK), que resumió su posición en una frase: "La Corte ha hablado. Ahora el mundo debe actuar".

El grupo advirtió de que el genocidio no terminó en 2017 y sostuvo que la comunidad rohinyá sigue siendo borrada de su patria.

También reaccionaron organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch, cuya abogada principal de justicia internacional, Maria Elena Vignoli, dijo que la sentencia "supone un reconocimiento largamente esperado del sufrimiento que los rohinyá han padecido en manos del Ejército", que en 2017 lideró una brutal campaña militar que dejó al menos 10.000 muertos y provocó la huida de más de 1,3 millones de personas a Bangladés.

Amnistía Internacional, por boca de su secretaria general, Agnes Callamard, celebró que "tras años de negación, impunidad y supresión de la verdad, este fallo constituye un reconocimiento histórico y contundente de las atrocidades cometidas contra los rohinyá".

La organización añadió que el caso sienta además un precedente importante para otras víctimas de genocidio en el mundo.

La responsabilidad penal de Min Aung Hlaing

El asesor principal para Asia del centro de pensamiento Crisis Group, Richard Horsey, dijo a EFE que, tras el fallo, "lo que importa ahora es si los Gobiernos que dialogan con Birmania están dispuestos a tomar medidas si este ignora la decisión del tribunal".

Min Aung Hlaing, el jefe del Ejército cuando se cometió el genocidio, lidera ahora el Gobierno militar birmano, tras el golpe castrense de 2021.

Desde la oposición birmana, el Gobierno de Unidad Nacional, integrado en parte por diputados depuestos tras el golpe de 2021, destacó la importante de la sentencia e instó a la comunidad internacional "a hacer todo lo que esté en su mano para garantizar la plena implementación de la sentencia".

A esa demanda se sumaron 219 organizaciones civiles birmanas, que aplaudieron el fallo afirmando que "la lucha por la justicia continúa" y exigieron responsabilidad penal para Min Aung Hlaing y otros líderes del Ejército.EFE

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