Ministerio Público de Bolivia cesa a fiscales sancionados por EEUU con restricción de visa
La Paz, 22 oct (EFE).- La Fiscalía General de Bolivia destituyó a dos fiscales incluidos en una lista publicada este jueves por el Gobierno de Estados Unidos, que restringió la concesión de visados a ciudadanos bolivianos a los que acusa de corrupción o de tener vínculos con el narcotráfico.
Los funcionarios mencionados en la lista difundida por el Departamento de Estado de Estados Unidos son Félix Gerardo Balderas, quien era fiscal y anteriormente se desempeñó como fiscal departamental de la región amazónica de Beni, y Julio César Porras, fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de la región oriental de Santa Cruz.
El fiscal general interino, José Armando Urioste, confirmó a medios locales que ambos fueron cesados hace dos días con base en "algunos antecedentes que se tienen en el Ministerio Público", sin dar mayores detalles.
"Seguramente van a ser sometidos a una investigación. Estamos viendo, colectando los elementos investigativos que ya teníamos antes y esto (la sanción de EE.UU.) corrobora que estamos en la línea correcta de investigación", expresó.
Urioste señaló que la Fiscalía investigará solo a quienes se les haya encontrado "elementos" en su contra, lo que "no significa que se investigará a todos" los mencionados en el listado.
El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves que restringe la concesión de visados a 40 ciudadanos de Bolivia, entre ellos el exfiscal general Juan Lanchipa (2018-2024) y el antiguo encargado de la lucha contra el narcotráfico Freddy Pereira.
En la nómina también figura el exfiscal coordinador de La Paz Armando Rojas, quien hace una semana fue enviado a la cárcel con prisión preventiva, acusado de ser el "recaudador" de dinero ilícito del exfiscal general del Estado Roger Mariaca.
Roger Mariaca, exfiscal general de Bolivia, fue destituido y encarcelado a finales de septiembre, acusado por el Gobierno de Rodrigo Paz de liderar presuntamente una organización criminal para proteger al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
Su detención se produjo dos días después de que Estados Unidos le revocara el visado, junto con el de otros altos cargos y exfuncionarios de tres países, a los que acusó de corrupción y de socavar gobiernos elegidos democráticamente.
Las restricciones forman parte de los compromisos adoptados en septiembre durante una cumbre de seguimiento del denominado Escudo de las Américas. Según el Departamento de Estado, las medidas buscan sancionar a extranjeros que, mediante la corrupción o el narcotráfico, socaven gobiernos democráticos en el continente, independientemente de su afiliación política. EFE
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