Ramaphosa reivindica el derecho a frenar la inmigración ilegal pero rechaza la xenofobia
Nairobi, 7 jun (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, reivindicó este domingo el derecho de Sudáfrica a poner freno a la inmigración irregular, al afirmar que ésta pone más presión sobre los recursos del país, pero rechazó la ola de ataques xenófobos de los últimos meses contra migrantes africanos.
"Sudáfrica se enfrenta a niveles de desempleo persistentemente elevados (...). Demasiadas familias tienen dificultades para llegar a fin de mes. Demasiadas comunidades sufren pobreza (...) En estas circunstancias, la frustración puede dirigirse fácilmente hacia aquellos a quien se percibe como competidores por los puestos de trabajo y los recursos", dijo Ramaphosa en un discurso a la nación.
"La inmigración ilegal no es la causa de todos nuestros problemas económicos", aseveró el mandatario, si bien consideró que sí que supone un "importante problema", porque "supone un riesgo para la seguridad y la estabilidad de Sudáfrica" y "una carga adicional para servicios esenciales como la sanidad o la educación".
En este sentido, Ramaphosa señaló que "Sudáfrica tiene derecho a aplicar políticas y medidas destinadas a prevenir la migración irregular", pero subrayó que "solo los funcionarios públicos autorizados pueden actuar contra las infracciones de la ley".
"Ninguna otra personas está autorizada, por ejemplo, a abordar a alguien por la calle para exigirle que acredite su identidad (...) No permitiremos ni debemos permitir que ciertos grupos utilicen las preocupaciones legítimas de los sudafricanos para desestabilizar a nuestro país", zanjó.
Así, Ramaphosa prometió fortalecer el sistema y las leyes migratorias en el país y acabar con las prácticas corruptas en este ámbito.
En los últimos meses, el movimiento antiinmigración sudafricano March & March ha convocado protestas, en ocasiones violentas, contra migrantes irregulares, a quienes culpa de los problemas económicos del país, la deficiente prestación de servicios públicos o las altas tasas de delincuencia.
Grupos antiinmigración han exigido incluso a ciertos grupos de extranjeros que abandonen el país antes del 30 de junio y han llegado a impedir que migrantes africanos accedan a atención médica y a educación en instalaciones públicas.
Esto llevó a Ghana a pedir el pasado 7 de mayo a la Unión Africana (UA) que aborde los ataques xenófobos y envíe una "misión de investigación" a Sudáfrica.
La tensión se ha expandido a países como Guinea-Bisáu y Nigeria, que convocaron a los embajadores sudafricanos en sus territorios.
El Gobierno nigeriano informó de que unos 130 compatriotas solicitaron ser repatriados tras los ataques, mientras al menos 300 mozambiqueños que los sufrieron regresaron a su país por su cuenta la pasada semana.
Cientos de personas de Ghana, Malaui y Zimbabue han sido repatriadas por sus Gobiernos, mientras Kenia, Malaui y Lesoto emitieron alertas de seguridad para sus ciudadanos en Sudáfrica, cuyo Gobierno ha condenado estos ataques.
Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en el país sudafricano que acoge a casi tres millones de extranjeros, de los cuales el 90 % proceden de otras naciones africanas.
Esa circunstancia ha desembocado en oleadas de protestas violentas, especialmente en los barrios más vulnerables, siendo las más graves a finales de 2019, con 18 extranjeros muertos, según datos de la ONG Human Rights Watch (HRW). EFE
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