Sánchez pide a oposición de España apoyar regularización de migrantes como hace la iglesia
Pekín/Madrid, 14 abr (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió este martes al conservador Partido Popular (PP), principal grupo de la oposición, que escuche a la patronal y a la Iglesia católica para apoyar la regularización de inmigrantes que va a aprobar el Ejecutivo.
Está previsto que este martes el Ejecutivo apruebe una regularización que prevé dar permiso de residencia y trabajo en España a alrededor de medio millón de personas, medida a la que se opone el PP y también el partido ultraderechista Vox.
En una rueda de prensa en Pekín, donde se encuentra de viaje oficial, el jefe del Ejecutivo español subrayó que lo que hace el Gobierno es reconocer derechos a ciudadanos que ya viven en España y recordó que hubo anteriores procesos de regularización con otros gobiernos, como el del PP de José María Aznar (1996-2004).
"Por lo tanto, no estamos haciendo nada más que, desde un punto de vista de interés económico y también de una cuestión moral, reconocer derechos a quienes hoy ya están aportando a la prosperidad y a la cohesión de nuestro país", añadió.
Sánchez señaló que esta regularización la pidieron distintos actores que poco o nada tienen que ver con el Gobierno, como la Iglesia católica o los agentes sociales, ya que se necesita mano de obra para seguir la senda de creación de empleo.
Por eso, instó al PP a escuchar a la patronal y a la Iglesia y tengan en cuenta su propia historia al haber hecho ya regularizaciones.
En España hay cientos de miles de personas que entraron al país de forma irregular y que trabajan en sectores con una gran demanda de mano de obra, como la agricultura o los cuidados.
Sin embargo, el PP se opone a esta regularización, que califica como "sinsentido" y "barbaridad", y ha anunciado que usará todas las instancias para denunciarla.
Un acto de justicia, pero también de "necesidad"
En una carta a la ciudadanía firmada este martes, el presidente del Gobierno asegura que esta medida es un acto de "normalización" al reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de la vida cotidiana de los españoles, cuidan de sus mayores, trabajan para que los alimentos lleguen a sus mesas y emprenden.
Pero también se trata, señaló, de un acto de justicia con los antepasados de los españoles que emigraron a América y Europa en busca de una vida mejor y de muchos jóvenes que se vieron obligados a marcharse tras la crisis económica de 2008.
Y también de "una necesidad" para el país, ya que este, "como otros países europeos, envejece" y sin nuevas personas trabajando y cotizando, su prosperidad se frena, su capacidad de innovar se debilita y sus servicios púbicos -sanidad, pensiones, educación- sufren.
Defendió que la integración solo es posible desde la regularidad y reconociendo una realidad, frente a "quienes quieren sembrar el miedo, enfrentar a unos con otros y condenar a miles de personas a la exclusión".
Esta regularización, que el Gobierno anunció en enero, llega después de una iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso avalada por más de 600.000 firmas y después quedó bloqueada por falta de acuerdo político.
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