Burocracia y falta de coordinación entre entidades del Estado afectaron la intención de ser candidato, señala Dunn
Jaime Dunn quedó inhabilitado como candidato luego que el TSE emitiera una resolución en la que señala que no contaba con la solvencia fiscal
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió la resolución 0107/2025 en la que resuelve la inhabilitación de la candidatura de Jaime Dunn, que aspiraba a llegar a ser candidato a la Presidencia del Estado boliviano con la sigla Nueva Generación Patriótica (NGP).
Dicha determinación es rechazada por el aspirante, que tiene cinco días para impugnar la decisión, por lo que anunció que activarán mecanismos administrativos para liberar la ruta que le permita entrar a la contienda electoral.
En dicha resolución, el Órgano Electoral señala que la determinación se debe a un incumplimiento del requisito dispuesto en el numeral 4 del artículo 234 de la Constitución Política del Estado.
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“Se tienen que resolver en el sistema administrativo interno entre las instituciones, pero nosotros vamos a ayudar y por supuesto aclarar todo eso dentro de estos cinco días porque, repito, son temas netamente administrativos ante la ley y ante la Justicia Jaime Dunn no tiene ninguna deuda y se sigue discutiendo”, dijo en entrevista con La Revista de UNITEL.
La resolución de inhabilitación se ha basado en la información que remitió la Contraloría General del Estado, que establece que “no es posible verificar la solvencia del ciudadano Jaime Dunn ante el Fisco, debido a que el certificado de información sobre solvencia 782089 no acredita la solvencia del señor Dunn”, señaló el secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga.
“Se dice que la solvencia no habría sido lo suficientemente clara, que es ambiguo, y que hay un informe que dice que necesitan ver unas órdenes judiciales de dar de baja del sistema estas anotaciones. ¿Que están diciendo en el fondo? Que es un tema netamente burocrático y administrativo en información que se tienen que mandar entre entidades del Estado”, dijo.
Para Dunn, lo ocurrido solo demuestra “como los ciudadanos cuando hacemos un trámite, pagamos para que se haga el trámite, quedamos en manos de la burocracia y quedamos en manos de que alguien haga su trabajo correctamente”.
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“Una de las cosas que nos ha llamado la atención es que el certificado de información de solvencia, primero que tiene cuatro páginas y el Órgano Electoral ha evaluado las primeras dos páginas, pero no la tercera y la cuarta, donde cada proceso coactivo dice que ha sido pagado correctamente y establece que el pago ha sido acreditado ante la Contraloría General del Estado”, apuntó.
El vocal Gustavo Ávila explicó que los postulantes deben encargarse de completar los trámites en instancias judiciales y ante la Contraloría, para que esta emita un informe con las cuentas pendientes canceladas como lo han hecho otros postulantes.
La autoridad electoral insistió en que esa no es competencia del TSE y remarcó que su labor se limita a verificar si la Contraloría acredita la solvencia fiscal de los postulantes.
El TSE aseguró que el último informe de la Contraloría da cuenta que aún hay cuentas pendientes y un nuevo informe puede subsanar la situación de Dunn siempre y cuando en el documento se establezca que no hay cuentas pendientes.
