Caso Agetic: Vocales del TSE declaran en la Fiscalía y ratifican transparencia y legalidad de sus sistemas

La denuncia da cuenta que la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) supuestamente tiene accesos a los sistemas del TSE que están vinculados con los comicios

Publicación: Hace 5 horas
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[Foto: TSE.] / El cómputo de las actas electorales en las elecciones del 17 de agosto.

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó este lunes un informe testifical ante el Ministerio Público, en el marco de la investigación del caso Agetic en el que reafirmó que sus labores y los sistemas se encuadran en la transparencia institucional y la legalidad del proceso electoral presidencial en marcha.

Francisco Vargas, Gustavo Ávila Y Tahuichi Tahuichi y Nancy Gutiérrez son los vocales que acudieron a la Fiscalía de Sucre.

La denuncia da cuenta que la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) supuestamente tiene accesos a los sistemas del TSE que están vinculados con los comicios.

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El pasado 22 de agosto el TSE envió una carta a la Fiscalía General del Estado pidiendo que investiguen las denuncias de la diputada Luciana Campero, “relacionadas con la supuesta intervención de la Agetic a los sistemas informáticos que soportan el desarrollo de las elecciones generales 2025”.

El vocal Ávila remarcó que “esta denuncia es absolutamente falsa, no tiene ningún sustento, no tiene ninguna prueba”, cito ABI.

Explicó que la comparecencia ante la Fiscalía General del Estado fue parte de un ejercicio de rendición de cuentas frente a la ciudadanía.

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Con ese sentido de responsabilidad, hoy nos hemos presentado en Sucre para prestar esta declaración”, señaló.

El TSE reiteró que sus sistemas informáticos cuentan con estrictos protocolos de seguridad y que cualquier intento de desinformación será respondido con información verificable y abierta al escrutinio público.

La institución subrayó que, a pocas semanas de la segunda vuelta electoral, la prioridad es garantizar un proceso confiable, transparente y plenamente ajustado a la ley, cita ABI.